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España ocupa el puesto 13 en el ránking global de sostenibilidad política, según el último informe Indicadores de Gobernanza Sostenible (SGI), publicado hoy por la Fundación Bertelsmann. La edición 2025 del estudio sitúa a España en una posición intermedia-alta entre los 30 países evaluados, con puntos fuertes en algunas políticas sectoriales, pero con importantes carencias institucionales para impulsar reformas a largo plazo. Los datos del informe revelan una España dividida. El país obtiene un destacado séptimo puesto en sostenibilidad de políticas económicas, sociales y medioambientales, gracias a avances como la Ley de Protección del Clima, las inversiones en energías renovables (posición 4), la igualdad de género (posición 2) y la integración de inmigrantes (posición 7). Sin embargo, en el apartado de «control democrático» baja hasta el puesto 17, y en gobernanza con visión de futuro alcanza solo la posición 11.
La principal traba detectada por el estudio es la elevada polarización política, que obstaculiza la cooperación entre partidos (puesto 20) y limita la capacidad de diseñar políticas con perspectiva estratégica y consenso social. A ello se suman las limitadas vías de participación de la sociedad civil en los procesos de decisión política (también en el puesto 20), así como un Parlamento con recursos técnicos y humanos inferiores a los de otros países analizados (posición 21).
Según plasma el informe, «la democracia y las políticas sostenibles van de la mano», pero los resultados muestran que España aún debe reforzar la planificación estratégica, la coordinación intergubernamental y el uso de datos científicos y evidencia para tomar decisiones. A pesar de la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva en 2020, su capacidad de influencia es limitada (posición 7), y la calidad de las políticas basadas en datos solo alcanza el puesto 16.
Entre las tareas urgentes que señala el informe destacan:
- Reforzar la integridad electoral y el acceso a la información oficial.
- Mejorar la transparencia y la cooperación institucional.
- Diseñar políticas transversales para afrontar los desafíos del cambio climático, la transformación económica y el envejecimiento poblacional.
En contraste con sus logros en sostenibilidad ambiental y social, España presenta déficits en educación (posición 19), pensiones (13) y especialmente en la adaptabilidad del mercado laboral (27), donde se detecta una desconexión entre las políticas de empleo y las exigencias de una economía en transición.
Un diagnóstico para actuar
El informe SGI —elaborado por la Fundación Bertelsmann en Alemania— es una de las herramientas comparativas más rigurosas sobre calidad democrática y políticas públicas en los países industrializados. Basado en 144 indicadores y evaluado por más de 100 expertos internacionales, ofrece un diagnóstico exhaustivo sobre el grado de preparación institucional de los países para afrontar los grandes desafíos del siglo XXI: la digitalización, la emergencia climática, las tensiones geopolíticas y el cambio demográfico.
El documento advierte que muy pocos gobiernos de la OCDE y la UE están suficientemente equipados para gestionar políticas sostenibles de forma efectiva y con visión de futuro. España no es una excepción: si bien ha demostrado capacidad para impulsar ciertas reformas sectoriales, carece aún de las estructuras y consensos necesarios para garantizar la coherencia, estabilidad y resiliencia del sistema político.
