El CERMI y la Fundación CERMI Mujeres, FCM, han advertido de que la brecha salarial por razón de género y discapacidad continúa siendo una de las desigualdades más arraigadas en el mercado laboral español, situando a las mujeres con discapacidad en una posición estructural de desventaja económica.
Los datos más recientes disponibles, correspondientes a 2023, ponen de manifiesto que las mujeres con discapacidad se concentran sistemáticamente en los tramos retributivos más bajos, afrontando una discriminación interseccional que combina el sesgo de género y la discapacidad. Según el Salario de la Población con Discapacidad, SPD 2023, elaborado por el INE y recopilado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, el salario medio anual bruto de las mujeres con discapacidad fue de 22.191,5 euros, frente a los 23.853,3 euros percibidos por los hombres con discapacidad. Esta diferencia de 1.661,8 euros anuales representa una brecha salarial del 7,0 por ciento dentro del propio grupo social de la discapacidad.
El análisis comparado evidencia además la acumulación de desigualdades. En 2023, el salario medio de las mujeres con discapacidad fue un 13,3 por ciento inferior al de las mujeres asalariadas en España, con una diferencia de 3.399,8 euros anuales, y un 26,9 por ciento inferior al salario medio de los hombres asalariados, lo que supone 8.181,0 euros menos al año. Asimismo, el conjunto de las personas con discapacidad registró un salario medio anual de 23.159,7 euros, un 17,9 por ciento menos que las personas sin discapacidad, cuyo salario medio se situó en 28.207,8 euros.
Para el CERMI y CERMI Mujeres, estas cifras ponen de manifiesto que las mujeres con discapacidad se encuentran en una posición críticamente desfavorecida dentro del mercado laboral, donde convergen techos de cristal, paredes de cristal y exclusiones específicas vinculadas a la discapacidad.
Ante esta realidad, el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres han reiterado su compromiso de promover una igualdad retributiva real y efectiva para las mujeres con discapacidad, impulsando reformas normativas y políticas públicas orientadas a eliminar las brechas salariales existentes, reforzar la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en la negociación colectiva y en los planes de igualdad, y garantizar la producción sistemática de datos desagregados que permitan identificar y combatir las discriminaciones múltiples, al tiempo que subrayan la necesidad de fortalecer las políticas activas de empleo inclusivo, mejorar las condiciones de accesibilidad en los entornos laborales, intensificar la lucha contra la discriminación retributiva y consolidar mecanismos eficaces de supervisión y transparencia salarial.
En el marco del Día de la Igualdad Salarial 2026, ambas organizaciones instan a los poderes públicos y a los agentes sociales y económicos a adoptar una acción decidida y coordinada que haga efectivo el principio de igualdad salarial, recordando que sin igualdad retributiva no existe participación plena en condiciones de equidad para las mujeres con discapacidad. La justicia salarial es una condición imprescindible para la autonomía económica y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de este grupo social.
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