Tras dos décadas de relativa estabilidad macroeconómica, Perú ha registrado un deterioro progresivo de sus indicadores fiscales. El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó 3,6% del PBI en 2024, superando el límite legal de 2,8% y acumulando incumplimientos consecutivos de la regla de balance estructural. Este escenario ha elevado la prima de riesgo soberano y debilitado la confianza en la política económica.
Esta problemática se aborda en la propuesta de política pública “Advertencias ignoradas: el necesario retorno a la prudencia fiscal en el Perú”, elaborado por Diego Winkelried, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), y el economista Marco Ortiz. El documento forma parte de Agenda 2026: Políticas públicas para retomar el desarrollo, iniciativa del CIUP en colaboración con la Escuela de Gestión Pública (EGP).
Según la investigación, el Consejo Fiscal (CF) emitió numerosas advertencias, sin embargo estas no fueron plenamente atendidas por el Ejecutivo. En ese contexto, Winkelried y Ortiz, analizaron la evolución de la disciplina fiscal en el Perú desde la Ley de Prudencia y transparencia Fiscal de 1999 hasta las reformas de 2013 y 2016, evidenciando la pérdida del carácter contracíclico del marco fiscal.
El documento también advierte sobre una expansión significativa del gasto corriente, cuyos incrementos no necesariamente se han traducido en mejoras en los servicios públicos, así como una alta rotación de ministros de Economía y Finanzas, lo que ha debilitado la continuidad técnica y la planificación de mediano plazo.
Durante la presentación de este estudio en el cuarto conversatorio de Agenda2026, Rossana Polastri, directora de la EGP, y moderadora de este evento, destacó que la prudencia fiscal de las últimas décadas permitió al Perú alcanzar el grado de inversión, facilitando el acceso a financiamiento externo en condiciones favorables.
“Con este grado de inversión, el Perú pudo acceder a deuda en mejores condiciones financieras, lo que permitió liberar recursos para el gasto social. Si hoy lo perdemos, el impacto sería muy grave para el país”, afirmó Polastri.
Por su parte, Joanna Kámiche Zegarra, directora del CIUP, subrayó la relevancia de Agenda 2026 en el actual contexto electoral, al promover el debate de propuestas de política pública basadas en evidencias.
“Estamos a menos de dos semanas de las elecciones generales y aún vemos candidaturas sin propuestas concretas en seguridad ciudadana, manejo fiscal, gestión del agua, promoción del trabajo en pymes, seguridad alimentaria, entre otros muchos temas fundamentales para el desarrollo del Perú. Espacios como Agenda 2026 nos permite escuchar nuevas ideas, fundamentadas en investigación y evidencia, para contrastarlas contra la oferta electoral y tomar una decisión más informada al momento de votar”, señaló.
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