El 32% de peruanos afirma que en los últimos 12 meses, negocios que ellos o alguien de su barrio solían frecuentar –como bodegas, peluquerías o restaurantes– han cerrado o limitado sus actividades por causa de la delincuencia. En Lima, esta cifra asciende al 50%, muy por encima del promedio nacional. Así lo revela el Tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., presentado en el hotel Marriott.
“El cierre de negocios de barrio es una señal concreta de cómo la inseguridad golpea la vida cotidiana”, señaló Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe. “Esto no es solo un problema policial, sino un fenómeno que deteriora el entorno económico, social y emocional de millones de personas”.
El estudio también muestra que el 36% de los peruanos asegura vivir en zonas que han sido declaradas en emergencia por inseguridad. Nuevamente, Lima concentra la mayor proporción (60%), mientras que en el interior del país la cifra es del 24%. Sin embargo, la evaluación ciudadana sobre estas medidas es mayoritariamente crítica: solo el 9% considera que han sido efectivas, y más de la mitad las califica como malas o muy malas.
El impacto emocional también es profundo: el 75% de los peruanos reporta haber sufrido ansiedad o estrés como consecuencia directa de la inseguridad. Esta cifra sube al 89% en Lima, pero el problema es nacional y afecta tanto a zonas urbanas como rurales.
El informe también advierte sobre la creciente amenaza del fraude digital. El 70% de peruanos se siente poco o nada seguro para identificar un intento de phishing. Los mensajes sospechosos llegan principalmente por SMS (27%) y WhatsApp (26%), y muchos usuarios no saben cómo reportarlos ni a qué autoridad acudir. En esa línea, el BCP hace esfuerzos por dar más información a sus clientes para que puedan prevenir ser víctimas de este tipo de delitos, con iniciativas como En la Mente del Villano, donde se describen y explican las maneras en las que operan los ciberdelincuentes.
El informe también alerta sobre el crecimiento sostenido de la extorsión, un delito cuyas denuncias se han triplicado desde el 2018. Sin embargo, el número de personas encarceladas por este crimen no ha crecido en la misma proporción. “No estamos logrando avances reales en la lucha contra la extorsión, y las cifras de detenidos lo evidencian. Así, es imposible revertir una tendencia tan extendida”, advirtió Carlos Basombrío, exministro del Interior y autor del reporte.
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