Tras el anuncio de confinamiento por la COVID, así como el establecimiento de medidas preventivas y de seguridad, se intentó acercar poco a poco la cotidianeidad a las personas del país: el teletrabajo se instaura, los aplausos en los balcones son el inicio de relaciones comunitarias en los vecindarios, la responsabilidad individual se torna colectiva…
Sin embargo, el mundo real también alberga sus propios problemas, y conjugar lo conocido con situaciones inusuales puede incluso hacer que dichos problemas sean incluso mayores. La pandemia evidenció que, para los colectivos más desfavorecidos, empobrecidos y con mayores dificultades, se generaba un doble impacto en sus vidas. Primero, el virus. Después, la falta de recursos para sobrellevar la situación. Una situación que, para los niños y las niñas, incidía más acusadamente. Las clases por videollamada, los Moodle y los deberes online podían ser auténticos precipicios en la educación y crecimiento de los niños y niñas más vulnerables. En ocasiones, no existían los materiales necesarios para conectarse -en muchos casos solo se contaba con un dispositivo que utilizaban los progenitores, e incluso el aparato no siempre era el más adecuado-. En otras, la falta de un entorno conocido o situaciones resonantes -el colegio como institución o las amistades y relaciones como ejes socioafectivos- era capaz de derivar en situaciones peores debido a un ostracismo no esperado. Para muchos de estos niños y niñas, así como sus familias, la COVID se transformó en una sindemia, reflejando una vez más que el código postal pesa más que el código genético.
Cinco años más tarde, podemos decir que salimos mejores. Ciertamente, la pandemia pasó, las calles se abrieron al público y la normalidad volvió a ser lo normativo. No obstante, desde Fundación Hazloposible nos sumamos a la preocupación de las entidades del TSAS en relación a los efectos que esta sindemia sigue reflejando, especialmente en los menores. Según los últimos datos de la tasa AROPE reflejados por EAPN en sus últimos informes sobre la situación de la pobreza en España, aunque la población general ha vuelto a los niveles prepandémicos, no ha sido así para los menores de 18 años; situándose en un 34,6% para la media nacional -un 3% más que en 2020-. La tasa de pobreza no se halla en una posición mejor, superando el 29% de los niños y niñas del país. La pobreza es un mal que se enquista, y como bien señalan organizaciones como la Plataforma de Infancia o GSIA, con el desarrollo económico simplemente no basta para extirparla.
Alrededor del 25% de las organizaciones del TSAS trabajan por y para personas en situación o riesgo de pobreza. En el caso de infancia, juventud y familias, casi el 30% de las más de 29.000 organizaciones del país. Como entidad paraguas, en Hazloposible sabemos que el trabajo realizado es enorme: desde la intervención directa, hasta el apoyo planteado en términos de accesibilidad y acceso a multitud de situaciones. Sin embargo, se antoja inevitable un apoyo mayor, puesto que, al final, el TSAS no es sino una voluntad de trabajo, dedicación y esmero que no suple la necesidad de cambios sistémicos. En este sentido, se ve prioritaria la participación política a nivel estatal e internacional. Si bien se han dado pasos muy positivos, como la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y Adolescencia donde se enfatizan mejorar el sistema de dependencias o la universalización de la educación infantil, se demanda la necesidad de un pacto de Estado formalizado y aprobado. No hay mayor garantía para el desarrollo y la justicia social de los niños y niñas que el blindaje de sus derechos y su posibilidad de desarrollo, al igual que cuando se formalizaron sus derechos en 1989 durante la Convención sobre los Derechos del Niño. Los inicios al respecto de este pacto parecen muy buenos, pero queda mucho camino por recorrer, aprobarse e incorporarse al imperio de la ley.
Quizás siendo idealistas, en Hazloposible creemos que este pacto de Estado debe basarse en una garantía de equidad; en poder otorgar a cada niño y niña lo necesario no para subsistir, sino para desarrollarse. En esencia, que los marcos de la pobreza no supongan una invisibilización y expulsión de estas -pequeñas- personas de aquello que todas y todos entendemos por una “feliz infancia”: jugar, crecer, aprender y desarrollar las curiosidades más innatas. Muchas organizaciones, como ANAR o Casals dels Infants ya trabajan por ello, pero el pacto de Estado debe garantizar que no se produzcan más escenarios sindémicos, donde la falta material no se convierta en relacional y donde la igualdad de oportunidades convierta a las próximas generaciones en abanderadas del desarrollo pleno e inclusivo. Pero trabajar para la infancia y su desarrollo no implica trabajar de manera exclusiva para ella. Al igual que el trabajo que ya hacen Fundación Iniciativa Social o Aldaima entre otras, también es obligatorio incluir en este pacto aspectos como la conciliación, las leyes de cuidado universal, o la accesibilidad a las coberturas y ayudas estatales. Puede que en clave estadística las familias se hallen en una posición mejor respecto a la infancia. Pero al final del día, si las familias se hunden, los niños y niñas dependientes se hundirán todavía más.
Se ha mencionado el papel actual del Tercer Sector de Acción Social en este tejido de desarrollo y apoyo. Por ende, el que debe jugar en este pacto de Estado no ha de ser menor: ser paradigmas, pero no solo del desarrollo y cumplimiento; también de su concepción. El hecho de tener agentes profesionalizados, con amplia experiencia y siempre con atención a la necesidad y desarrollo de los niños y niñas nos permite ser altavoces de aquello sobre lo que hay que incidir y priorizar; aquello que puede esperar y, sobre todo, aquello que jamás debemos incorporar. Se sabe que en este proceso ya hay organizaciones de renombre que están siendo escuchadas. No obstante, se han de plantear modelos y mecanismos de gobernanza que permitan a ese 30% de organizaciones la evaluación y medición de impacto de las políticas surgidas del pacto. De igual manera, y puestos a establecer modelos de gobernanza, se han de crear plataformas de representación y escucha de los grupos interesados. Se ha de permitir, en definitiva, que el Tercer Sector de Acción Social no se quede exclusivamente en el ámbito interventor, y donde el señalamiento o falta de idoneidad de la acción política sea visto como incidencia real. El sector debe ser involucrado, no consultado, y puesto que somos considerados como un órgano dentro del organismo, debemos estar al mismo nivel que el resto.
Al terminar la pandemia, terminaron las conversaciones a distancia y el pacto social de responsabilidad individual. Pero para superar la sindemia, es imprescindible que el interés político dialogue con la experiencia profesional, voluntaria y personal del TSAS y la ciudadanía. Solo así se logrará un pacto colectivo que no deje solo a un niño o niña.
