En un paso trascendental hacia la sostenibilidad energética en el sistema de salud, el municipio de Simití, en Bolívar, inauguró el primer hospital público autosostenible de la Costa Caribe, un recinto que ahora opera en su totalidad con energía solar, beneficiando directamente a más de 22.000 personas entre pacientes y personal médico. Gracias a una inversión de más de $3.100 millones, el Hospital San Antonio de Padua produce el 100% de su consumo eléctrico a través de un sistema fotovoltaico de 230 kilovatios pico, que genera anualmente más de 268.000 kWh, a los que se suman otros 32.000 kWh derivados de mejoras en eficiencia energética. Este avance no solo significa un ahorro económico de más de $284 millones al año, sino también una importante contribución ambiental, al evitar la emisión de 187 toneladas de CO₂, equivalentes a lo que emiten 40 vehículos al recorrer 15.000 kilómetros cada uno. El proyecto, impulsado por el programa Colombia Solar y ejecutado por FENOGE, incluyó la modernización de luminarias y sistemas de climatización, así como la capacitación del personal en operación y mantenimiento, demostrando que una transición energética justa es posible incluso en sectores críticos como la salud. Esta iniciativa no solo reduce costos operativos, sino que también mejora la calidad del servicio médico y libera recursos que pueden destinarse al bienestar de las comunidades, sentando un precedente que ya empieza a replicarse en otras 25 instituciones del país y consolidando el camino hacia una infraestructura sanitaria más resiliente y comprometida con el cuidado del planeta.
Lanzan línea de crédito para impulsar las prácticas sostenibles en la minería
Desde el corazón minero de Caldas se lanza una herramienta financiera clave para impulsar una transición energética justa y con sentido social en Colombia: una nueva línea de crédito por $30.000 millones dirigida a pequeñas y medianas empresas del sector minero que buscan adoptar prácticas sostenibles, reducir su impacto ambiental o reconvertir su actividad hacia otros sectores productivos. Esta iniciativa, que marca un hito en el Día del Minero, está orientada a facilitar inversiones en eficiencia energética, energías renovables, economía circular y transporte sostenible, con condiciones preferenciales de tasa, plazos de hasta cinco años y periodos de gracia de hasta seis meses, especialmente ventajosa para empresas lideradas por mujeres, jóvenes o localizadas en regiones históricamente rezagadas como Cesar, La Guajira o Norte de Santander. Al permitir el acceso a recursos financieros para capital de trabajo o compra de maquinaria sostenible, la línea de crédito no solo promueve un cambio estructural en la forma de hacer minería, sino que fortalece la inclusión económica de comunidades tradicionalmente dependientes de esta actividad. Esta apuesta refleja una visión de desarrollo territorial que reconoce el potencial de la minería para transformarse en motor de equidad y sostenibilidad, reforzando el compromiso institucional con una economía más limpia y resiliente, donde el financiamiento verde se convierte en catalizador de nuevas oportunidades para las regiones y sus habitantes.
Contraloría inicia auditorías de cumplimiento a Ecopetrol y Minenergía ¿Qué indagará?
En un contexto donde la transición energética avanza con fuerza en Colombia, la Contraloría General de la República ha iniciado una auditoría de cumplimiento al sector de Minas y Energía, con especial atención a las inversiones de alto impacto realizadas por empresas públicas y al manejo de recursos destinados a energías renovables. Este proceso, que se extenderá hasta diciembre, evaluará la legalidad, eficiencia y transparencia de proyectos como la reciente estrategia de adquisición de activos renovables por parte de Ecopetrol, así como los programas ejecutados por el Ministerio de Minas y Energía a través de fondos como Fenoge, Faer y Fazni. La lupa se posa particularmente sobre los convenios firmados con juntas de acción comunal para proyectos solares en zonas rurales, con montos de hasta $500 millones por organización, en un esfuerzo por garantizar que estos recursos se utilicen correctamente y no se desvíen con fines proselitistas. La auditoría también contempla la revisión de subsidios, normativas, decisiones administrativas, planes de inversión de las electrificadoras y la sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Combustibles. En este contexto, el órgano de control busca establecer si las acciones en curso responden a una transición energética ordenada y estratégica, o si se están tomando decisiones aisladas que podrían comprometer la eficiencia económica, la generación de empleo o el recaudo fiscal. Con posibles hallazgos de tipo administrativo, disciplinario o penal, esta revisión representa un paso clave para asegurar que el cambio hacia una matriz energética más limpia esté guiado por criterios de responsabilidad pública, planificación rigurosa y compromiso con el desarrollo equitativo de los territorios.
