En la Comunidad AEC-Sostenibilidad, hablar de reporting en sostenibilidad no es novedad: año tras año, los socios lo hemos elegido como uno de los temas prioritarios. ¿Por qué? Porque la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales en la estrategia empresarial y, además, el marco regulatorio europeo no deja de evolucionar.
Este 2025 ha marcado un hito para nuestra comunidad: Hemos celebrado el primer Congreso de Sostenibilidad de la AEC, centrado en la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) y el Paquete Omnibus, dos piezas clave que están transformando la forma en que las empresas reportan su desempeño ambiental, social y de gobernanza.
Cuando aún estábamos asimilando las implicaciones de la nueva directiva de reporting en sostenibilidad (CSRD), llega el Paquete Omnibus con la promesa de simplificar el panorama. Pero ¿qué cambios introduce realmente y en qué punto del proceso nos encontramos?
Tras la votación del Parlamento Europeo en la segunda semana de noviembre, el panorama regulatorio se ha vuelto más complejo. Comisión, Consejo y Parlamento han marcado posiciones divergentes, lo que abre la etapa clave de los trílogos, donde deberán negociar para alcanzar un acuerdo antes de que termine el año.
Un alcance objeto de debate
Uno de los puntos más controvertidos es el alcance de la normativa. La Comisión Europea propone mantener un marco amplio, con umbrales fijados en 1.000 empleados y 50 millones de euros de facturación, buscando simplificación sin excluir a demasiadas empresas. El Parlamento Europeo, en cambio, apuesta por una reducción drástica: solo quedarían obligadas las compañías con más de 1.750 empleados y 450 millones de euros de negocio anual. El Consejo, por su parte, se sitúa en una posición intermedia: acepta elevar los umbrales, pero con menos rigidez que el Parlamento y con flexibilidad para filiales y grupos consolidados.
Calendario: ¿cuánto tiempo para adaptarse?
La Comisión introdujo la propuesta conocida como “Stop the Clock”, que retrasa dos años la aplicación de la CSRD para las nuevas empresas a incorporarse (Olas 2 y 3). El Parlamento respalda esta prórroga completa, mientras que el Consejo defiende un retraso parcial, evitando que la transición se frene demasiado y manteniendo cierta presión para avanzar.
Contenido del reporting: simplificación sí, pero con matices
Aunque las medidas anunciadas por la Comisión y el Parlamento puedan parecer una reducción drástica —con un recorte del 57% en los puntos de datos y la eliminación de divulgaciones voluntarias—, el seguimiento realizado desde la Comunidad nos ofrece una visión distinta: más que una rebaja radical, se trata de una simplificación y una reorganización muy positiva.
La esencia de los estándares ESRS se mantiene intacta, y creemos que debemos seguir apostando por ellos, ya sea de forma obligatoria o voluntaria.
Limitación de obligaciones en la cadena de valor y en auditoría
Las empresas obligadas por la CSRD ya no podrán exigir información exhaustiva a proveedores fuera del alcance normativo. Solo podrán solicitar datos alineados con estándares voluntarios, evitando trasladar cargas excesivas a pymes.
En cuanto a la verificación, la Comisión y el Parlamento coinciden en mantener el aseguramiento limitado, descartando el salto a “seguridad razonable”. Puede que aún no sea el momento de dar el salto, pero es algo que no debemos perder de vista en nuestra hoja de ruta a medio plazo si realmente queremos poner la información de sostenibilidad al mismo nivel que la información financiera.
Transparencia y rigor frente a la incertidumbre
Las diferencias entre Comisión, Consejo y Parlamento anticipan unas negociaciones que se prolongarán hasta finales de 2025. El Paquete Omnibus marca un cambio de paradigma: menos empresas obligadas y más tiempo para adaptarse. Sin embargo, esto no implica una rebaja en la calidad ni en el rigor del reporte de sostenibilidad. Las compañías que permanezcan dentro del alcance —y muchas otras que adopten los estándares de forma voluntaria— deberán cumplir con normas revisadas, más claras, pero igualmente exigentes en términos de transparencia y materialidad.
Para nuestra comunidad, este escenario refuerza la importancia de seguir compartiendo experiencias y anticipar los próximos pasos. La simplificación normativa no elimina la necesidad de una estrategia sólida de sostenibilidad; al contrario, la hace más crítica para mantener la confianza de inversores, clientes y sociedad.
