En una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y el abandono estatal en Colombia, más de 5.800 elementos escolares fueron entregados para fortalecer la educación de más de 7.000 niños, niñas y jóvenes en San José del Guaviare, un aporte que representa un respiro para más de 60 instituciones educativas con serias deficiencias en infraestructura. Esta iniciativa, realizada a través del programa de obras por impuestos promovido por el Estado, busca dignificar los espacios de aprendizaje en una zona donde más del 40 % de los estudiantes abandonan sus estudios antes de culminar el bachillerato y menos del 10 % accede a la universidad. La decisión de priorizar la educación, incluso sobre el deporte, responde a un enfoque estratégico que entiende que no hay desarrollo posible sin antes asegurar condiciones básicas como el acceso al conocimiento y la nutrición. El gesto fue bien recibido por las autoridades locales, que destacaron la importancia de fortalecer alianzas entre el sector público y privado para transformar territorios históricamente olvidados. Esta intervención no solo mejora el mobiliario escolar con pupitres, sillas y tableros, sino que también siembra esperanza en comunidades que han vivido bajo el estigma de la violencia y el rezago, reafirmando que la educación sigue siendo el camino más poderoso para la transformación social.
MinEnergía lanza gran consulta nacional para acelerar la Transición Energética Justa
Con la meta de construir una transformación energética equitativa, sostenible y centrada en las personas, se lanzó una consulta nacional que permitirá diagnosticar las capacidades y necesidades que enfrenta Colombia en su camino hacia una Transición Energética Justa. Este proceso busca reunir a diversos actores del país, desde comunidades locales hasta centros de investigación, para identificar brechas, fortalezas y oportunidades que permitan orientar políticas públicas, generar empleos verdes y fomentar el conocimiento como motor del cambio. A través de un formulario en línea, se recopilará información clave sobre iniciativas, proyectos, infraestructura, participación de mujeres y jóvenes, así como las barreras existentes en distintos territorios. Este esfuerzo, respaldado por entidades nacionales e internacionales, apunta a construir un informe estratégico que no solo fortalezca la gestión del conocimiento, sino que permita una toma de decisiones informada y territorialmente pertinente, con el objetivo de garantizar que la transición energética no deje a nadie atrás. El documento resultante servirá como hoja de ruta para impulsar acciones concretas que favorezcan una sociedad más justa, resiliente y libre de dependencia de los combustibles fósiles, rumbo a la carbono-neutralidad para 2050.
GreenYellow, Banco de Bogotá cierran crédito verde
Una nueva operación de financiamiento por más de 115 mil millones de pesos colombianos permitirá ampliar el impacto de más de 24 proyectos de eficiencia energética en distintas regiones del país, impulsando la adopción de tecnologías limpias en sectores como el hotelero, agroindustrial, manufacturero, turístico y de alimentos. Esta inyección de recursos fortalece la transición hacia una economía baja en carbono, al facilitar soluciones energéticas que optimizan procesos como la refrigeración, iluminación, climatización y automatización industrial, sin requerir inversión inicial por parte de las empresas beneficiarias. Con ahorros estimados por encima de los 318.000 kWh anuales y una capacidad instalada de más de 6.000 toneladas en refrigeración eficiente, estos proyectos no solo mejoran el desempeño ambiental, sino que también generan beneficios económicos concretos para las compañías involucradas. El modelo de financiación estructurado bajo un esquema de project finance sin recurso permite movilizar capital desde las fases iniciales de construcción, garantizando liquidez oportuna y reduciendo los riesgos financieros de las iniciativas. Esta alianza demuestra el creciente compromiso del sistema financiero y del sector energético con soluciones sostenibles que aporten al crecimiento responsable del país y aceleren la transición energética a través de la eficiencia, la innovación y la reducción de emisiones.
El algoritmo de la sostenibilidad: IA y transición energética
La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una aliada silenciosa pero poderosa en la transición energética, especialmente en un momento en que integrar energías renovables al sistema eléctrico exige una coordinación precisa y continua. Aunque aún está lejos de alcanzar una inteligencia general comparable a la humana, la IA ya cumple funciones clave como predecir la oferta y la demanda energética, diagnosticar fallos antes de que ocurran y optimizar el funcionamiento de infraestructuras críticas. En sistemas complejos, como los que dependen del sol y el viento, la capacidad de la IA para procesar datos meteorológicos y de consumo en tiempo real se vuelve esencial para mantener el equilibrio y garantizar el suministro. Además, contribuye al desarrollo de nuevas tecnologías, como materiales para el almacenamiento de energía, y permite anticipar eventos extremos relacionados con el cambio climático. Sin embargo, su crecimiento plantea desafíos éticos, regulatorios y ambientales, sobre todo por la enorme demanda energética que requiere su entrenamiento y operación. Por eso, su papel debe ser el de un copiloto, no el de piloto automático, en un sistema tan delicado como el energético. Democratizar su uso y asegurar que su avance vaya de la mano con la sostenibilidad no es solo deseable, sino imprescindible para evitar que las brechas tecnológicas se conviertan en barreras al desarrollo equitativo y a una transición energética justa.
El riesgo de perder miles de flores invisibles para la ciencia
Miles de especies de plantas con flores permanecen invisibles para la ciencia en Brasil, donde un estudio reciente estima que entre 7.343 y 9.595 aún no han sido descritas, muchas de ellas en regiones sin ninguna figura de protección oficial. Esta alarmante brecha en el conocimiento botánico revela que el 80 % de las áreas con mayor potencial para albergar nuevas especies carecen de protección, aunque la mitad de ellas se encuentran en territorios indígenas, donde el conocimiento ancestral ha demostrado ser clave para conservar ecosistemas. Al analizar datos de más de 32.000 especies recolectadas en 267 años, las investigadoras identificaron la Amazonia y la Caatinga como los biomas con mayor riqueza oculta, siendo esta última una sorpresa por su abandono histórico en políticas de conservación. La falta de un nombre científico vuelve a estas especies prácticamente inexistentes para la ciencia, dificultando su estudio y protección, lo que en medio de la crisis de biodiversidad global podría significar su desaparición antes siquiera de ser conocidas. Este sesgo también refleja una tendencia general: mientras la conservación se ha centrado en animales “carismáticos”, solo una de cada cinco plantas ha sido evaluada formalmente, a pesar de que las cifras de especies vegetales en peligro superan las de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. El llamado de las autoras es claro: nombrar, investigar y proteger estas flores invisibles es urgente, no solo por su valor ecológico, sino también por su potencial para sectores como la medicina, la cosmética o la agricultura. Y, sobre todo, porque perderlas sería como perder páginas enteras de un libro que aún no hemos tenido la oportunidad de leer.
El riesgo de perder miles de flores invisibles para la ciencia
América Latina acaba de escribir un capítulo histórico en la defensa del planeta y los derechos humanos: por primera vez, un tribunal regional ha declarado que los Estados tienen obligaciones legales concretas para proteger a las personas frente a la crisis climática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que garantizar un clima sano no es un compromiso voluntario, sino un derecho humano autónomo y exigible, vinculando de forma directa la emergencia ambiental con la dignidad, la vida y la justicia social. El dictamen, denominado Opinión Consultiva 32, fija responsabilidades claras, especialmente en la protección de grupos históricamente vulnerables como pueblos indígenas, mujeres, niños, comunidades afrodescendientes y personas defensoras del ambiente, y exige a los Estados regular con mayor firmeza las actividades empresariales contaminantes y los impactos de la transición energética. Esta decisión se convierte en una poderosa herramienta jurídica para exigir acciones climáticas más ambiciosas, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, al inspirar litigios, guiar negociaciones y marcar el rumbo para otros tribunales internacionales que también se pronunciarán sobre el tema. Construida de manera participativa, con más de 260 aportes de organizaciones, comunidades y expertos, esta opinión consultiva reafirma que los saberes tradicionales y la ciencia deben unirse para enfrentar la mayor amenaza a nuestra existencia. Más que un fallo, es un hito global que consolida al derecho internacional como un motor de cambio estructural en la lucha por la justicia climática.
Un hito para la justicia climática escrito en América Latina
En un entorno global marcado por crisis múltiples, económica, climática, democrática y social, repensar el financiamiento para el desarrollo se vuelve urgente y necesario, especialmente desde una mirada latinoamericana que combine justicia social, sostenibilidad y equidad. En la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada en Sevilla, se ha insistido en que fortalecer el desarrollo no pasa por abandonar el multilateralismo, sino por dotarlo de eficacia, legitimidad y capacidad real de acción. Frente a un modelo agotado que ya no responde a las demandas de la mayoría, se propone un nuevo paradigma centrado en el bienestar humano y planetario, que reconozca el rol clave de la ciudadanía global y de la sociedad civil como motores de cambio. A pesar de su aporte crucial en innovación, contención y defensa de derechos, las organizaciones sociales enfrentan un retroceso preocupante en la cooperación internacional. Reimaginar el desarrollo implica no solo nuevas métricas o instrumentos financieros, sino también una redistribución justa de recursos, marcos normativos que protejan el espacio cívico, y una acción colectiva que articule a gobiernos, sociedad civil y sector privado con corresponsabilidad. América Latina, con su experiencia en lucha social, resiliencia comunitaria y creatividad política, tiene un papel esencial en la construcción de este nuevo contrato global. Pero para convertir ese potencial en transformación real, se necesita voluntad política, recursos adecuados y una brújula ética que oriente hacia un futuro construido con compromiso, participación y justicia.
Una brújula para el desarrollo en crisis con mirada Latinoamericana
En las montañas de Cundinamarca, Colombia, la finca El Silencio se ha convertido en un modelo vivo de cómo es posible repensar la ganadería en clave ecológica, sin sacrificar productividad. A lo largo de 20 años, esta finca de 114 hectáreas ha logrado restaurar 20 y conservar 42 más como bosque andino nublado, integrando corredores biológicos, especies nativas y una lógica de convivencia con la naturaleza. Sin usar pesticidas ni fertilizantes químicos, El Silencio ensaya día a día un modelo regenerativo en el que cada árbol, cerca o pasto responde a una decisión consciente, basada en la experimentación constante. Su producción de leche, sostenida y con mayor calidad nutricional, se acompaña de huertas, compostaje, fertilizantes artesanales como el “té de bosque” y la observación de fauna silvestre, con registros de más de 600 especies de plantas y 10 mamíferos. La finca es también un laboratorio rural y una de las 56 fincas demostrativas del proyecto Paisajes Futuros de TNC, que busca escalar estas prácticas regenerativas en América Latina. Lejos de ser una utopía, El Silencio demuestra que otro modelo agropecuario es posible, viable y rentable, derribando mitos sobre la incompatibilidad entre ganadería y sostenibilidad, y dejando claro que en tiempos de crisis ambiental, el futuro del campo puede y debe construirse con ciencia, ética y una profunda conexión con la vida.
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