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En 2023, el número de muertes civiles en conflictos armados aumentó un 72 % respecto al año anterior, según datos de Naciones Unidas. El porcentaje de mujeres y menores asesinados se duplicó y triplicó, respectivamente. Más de 473 millones de niñas y niños viven hoy en zonas de conflicto, una cifra que representa a uno de cada seis en el planeta. Además, los casos verificados de violencia sexual relacionada con la guerra crecieron un 50 %, afectando mayoritariamente a mujeres y niñas.
La vida de quienes sobreviven también se ve profundamente marcada: heridas físicas y psicológicas, desplazamientos forzosos, aislamiento social y una dependencia crónica de la ayuda humanitaria para necesidades básicas como la sanidad, la educación o el acceso al agua.
Armas explosivas, transferencias y destrucción acumulativa
El uso indiscriminado de armas explosivas en áreas densamente pobladas sigue teniendo un impacto devastador. Estos ataques, facilitados muchas veces por transferencias irresponsables de armas, no solo provocan víctimas directas, sino que arrasan infraestructuras civiles, deterioran el entorno y erosionan la cohesión social, dificultando cualquier proceso de paz duradero.
Impunidad creciente y desprecio al Derecho Internacional
Las normas diseñadas para proteger a la población civil en tiempos de guerra están siendo deliberadamente ignoradas por actores armados y Estados.
Las ONG firmantes denuncian que los ataques contra civiles se están convirtiendo en una herramienta de guerra sistemática, amparada por la inacción internacional y la cultura de la impunidad. La falta de aplicación del Derecho Internacional Humanitario está alimentando un ciclo de violencia sin consecuencias reales.
Emergencia humanitaria sin precedentes
El sufrimiento civil es tan amplio como profundo:
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305 millones de personas necesitan ayuda humanitaria (cuatro veces más que hace una década).
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123 millones han sido desplazadas por la fuerza (el doble que en 2015).
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281,6 millones sufren inseguridad alimentaria aguda.
Estas cifras representan realidades desgarradoras: niños sin escuela, personas mayores desplazadas varias veces, familias sin acceso a servicios básicos.
Ataques a humanitarios y recortes a la acción local
Los actores humanitarios —especialmente las organizaciones locales, muchas de ellas lideradas por mujeres— están siendo amenazados, atacados y desfinanciados. A pesar de estas dificultades, continúan trabajando para sostener comunidades bajo una presión extrema. Las ONG reclaman que la comunidad internacional no se limite a observar, sino que actúe con contundencia y compromiso.
Un debate clave para cambiar el rumbo
El Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la Protección de los Civiles de 2025 es una oportunidad crítica para romper la inercia. Las organizaciones firmantes insisten en que las herramientas existen: tratados, mecanismos de alerta, resoluciones, sanciones e investigaciones. Lo que falta es voluntad política, coherencia y aplicación real.
Además, advierten del fracaso de la diplomacia. En 2024, el Consejo de Seguridad aprobó el menor número de resoluciones desde 1991, mientras que el número de vetos alcanzó su máximo desde 1986. Esto ha hecho que el órgano más poderoso para garantizar la paz sea hoy, en muchos casos, ineficaz y bloqueado.
Recomendaciones clave para revertir la situación
Las 21 ONG proponen medidas concretas y viables, dirigidas tanto al Consejo de Seguridad como a los Estados miembros.
Para el Consejo de Seguridad:
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Suspender el uso del veto en casos de atrocidades masivas.
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Reforzar los mecanismos de verificación y apoyo a los grupos de expertos.
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Aplicar la resolución 2730 (2024) sobre protección del personal humanitario.
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Priorizar mandatos que incluyan la protección de los civiles como eje central.
Para los Estados:
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Investigar y enjuiciar violaciones del DIH, incluyendo bajo jurisdicción universal.
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Desarrollar estrategias nacionales de protección civil junto a sociedad civil.
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Garantizar transparencia en transferencias de armas y alianzas militares.
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Financiar y empoderar a las organizaciones locales, con especial atención a las lideradas por mujeres.
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Prevenir daños civiles ante el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.
Las organizaciones firmantes
Esta declaración está respaldada por 21 entidades internacionales que trabajan en ayuda humanitaria, derechos humanos y construcción de paz:
Action Against Hunger, All Survivors Project, Amnesty International, Article 36, CARE, Ceasefire Centre for Civilian Rights, Center for Civilians in Conflict, Concern Worldwide, Control Arms, Humanitarian Policy Group, Human Rights Watch, International Rescue Committee, Nonviolent Peaceforce, Norwegian Refugee Council, Oxfam, PAX, Plan International, Protect Humanitarians, Save the Children, Watchlist on Children and Armed Conflict, World Vision International.
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