En un contexto de rehabilitación energética sin precedentes, avanzar hacia un parque inmobiliario más eficiente, sostenible y descarbonizado se ha convertido en una prioridad. El marco regulatorio europeo -a través de la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, una iniciativa del Pacto Verde Europeo– obliga a los Estados Miembros a rehabilitar millones de inmuebles en las próximas décadas con el ambicioso objetivo de mejorar su eficiencia energética y alcanzar un parque inmobiliario de cero emisiones para 2050.
Sin embargo, la eficiencia energética no debería lograrse a costa de comprometer la seguridad de personas y bienes. Es importante recordar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no sólo abogan por una energía más limpia (como muestra el ODS 7: Energía asequible y no contaminante), sino también por ciudades y entornos seguros y resilientes (como refleja el ODS 11: Ciudades y Comunidades sostenibles). La Sostenibilidad no debe desligarse de la seguridad contra incendios.
España, con un parque inmobiliario envejecido —45 años de media— y más de nueve millones de viviendas susceptibles de mejora desde el punto de vista de la eficiencia energética, se enfrenta a un importante desafío. Según el CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España), el número de viviendas visadas para gran rehabilitación en 2023 aumentó un 9,4%, hasta situarse en 37.783 unidades, lo que arroja el mejor dato de la serie histórica. Sin embargo, esta cifra debería multiplicarse por diez para cumplir con las exigencias marcadas por Europa, que implican actuar sobre el 26% del parque total antes del 2035.
En el proceso de rehabilitación energética, muchas intervenciones actúan sobre la envolvente del edificio —principalmente las fachadas— mediante sistemas de aislamiento por el exterior (SATE) o fachadas ventiladas. Y es aquí donde surge una cuestión de primer orden: el uso de materiales combustibles en estos sistemas puede favorecer una propagación rápida del fuego en caso de incendio, comprometiendo la seguridad de las personas y los equipos de intervención. Esta situación plantea una cuestión esencial: ¿cómo avanzar en eficiencia energética sin agravar riesgos existentes ni generar otros nuevos?
Algunos países europeos han dado ya pasos importantes que hacen compatible la eficiencia energética y la seguridad. Alemania, Francia, Reino Unido o los nórdicos exigen que los materiales empleados en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior de edificios de gran altura sean incombustibles, y la mayoría reconoce en su regulación la existencia de edificios sensibles, ya sea por su ocupación, gran altura o dificultades de evacuación o ya sea por el complicado acceso de los bomberos a alguna de sus fachadas. Además, países como Rumanía —con un mercado de instalación de SATE mucho mayor que el español— han actualizado recientemente su reglamento para garantizar que la seguridad no quede menoscabada en determinados edificios de alto riesgo, haciendo obligatorio el uso de materiales no combustibles en ellos. España, sin embargo, todavía no ha dado este paso.
La situación se complica aún más si tenemos en cuenta que, hasta ahora, la mayoría de las fachadas en España han sido incombustibles gracias a la tipología habitual de construcción con ladrillo, piedra y/o morteros. Es decir, el parque edificado contaba ya con una protección pasiva frente a incendios que ahora corre el riesgo de perderse. Sin una regulación clara, los planes de rehabilitación podrían incorporar materiales con un comportamiento desfavorable, especialmente en aquellos edificios sensibles que deberían tener una exigencia mayor en seguridad, lo que supondría un empeoramiento inadmisible en nombre de una sostenibilidad mal entendida.
Hoy en día, contamos con tecnologías y soluciones que permiten reducir la demanda energética de los edificios sin recurrir a materiales que, en caso de incendio, favorezcan una propagación rápida y peligrosa del fuego. El objetivo debe ser rehabilitar mejor, no sólo más.
Por eso, desde el Observatorio de Nuevos Riegos de Incendio (OBS) proponemos una actualización urgente del Código Técnico de la Edificación (CTE) —y, en concreto, del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI)— para exigir componentes y soluciones no combustibles en edificios de gran altura, de difícil evacuación o con alta ocupación, o con fachadas de difícil acceso por los bomberos que son a su vez plenamente compatibles con los objetivos de sostenibilidad y ahorro energético.
Las cifras lo avalan: los edificios de viviendas de gran altura representan solo el 1,5% del parque total, por lo que una regulación más estricta en estos casos no afectaría significativamente al equilibrio del mercado de productos de la construcción, pero sí tendría un impacto vital en la prevención de tragedias.
No hay nada menos sostenible que ver cómo las llamas devoran un edificio y, peor aún, si el fuego se cobra vidas. Así ocurrió hace apenas un año en la tragedia de Campanar (Valencia), donde el incendio se vio agravado por la elevada combustibilidad de parte de los materiales que conformaban la fachada.
Por tanto, la transición energética debe ser también una transición hacia la seguridad. Es posible —y necesario— rehabilitar edificios para que sean más eficientes, sí, pero también más seguros.
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