La Sostenibilidad ya no es una opción, es el lenguaje con el que se define la competitividad y el acceso al capital. Hoy, ningún proyecto público o privado puede avanzar sin demostrar su contribución a la transición climática y social que marca la agenda europea. El Plan de Inversiones Next Generation EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) introdujeron por primera vez esa condicionalidad explícita: no basta con ser viable, hay que ser sostenible. Las reglas han cambiado, y la credibilidad se mide ya en métricas verificables, no en declaraciones de intenciones.
Muchas empresas reportan desde hace años bajo estándares como GRI (Global Reporting Initiative) y elaboran sus Estados de Información No Financiera (EINF), un esfuerzo que implicó formar equipos, recopilar indicadores y asumir nuevas responsabilidades de información. Con la Directiva CSRD (Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad), ese reporting ha dejado de ser voluntario para convertirse en un ejercicio regulado, comparable y sujeto a verificación externa.
Mientras las organizaciones todavía se adaptan a los nuevos estándares, el marco regulatorio continúa evolucionando: la aprobación del Stop the Clock suspende temporalmente la aplicación de algunas normas técnicas, y el paquete de simplificación Omnibus propone ajustar umbrales y aliviar obligaciones para las pequeñas y medianas empresas.
A esto se suma que la Sostenibilidad se ha convertido en un requisito previo para acceder a fondos europeos o líneas de financiación ‘blanda’. Los proyectos que no acrediten el cumplimiento del principio DNSH (Do No Significant Harm), que garantiza que ninguna actividad cause un perjuicio significativo al medio ambiente, la “etiqueta climática” o los criterios de la Taxonomía de la UE quedan automáticamente fuera de las convocatorias. Y aunque las empresas están cada vez más sensibilizadas, muchas se encuentran con dificultades reales para cumplir los criterios o, sencillamente, para saber por dónde empezar.
Desde nuestra experiencia en Buenavista Equity Partners, donde trabajamos con compañías de distintos sectores y tamaños, vemos que más que falta de voluntad existe una brecha operativa entre la exigencia normativa y la capacidad real de adaptación de las organizaciones. Estas son algunas de las razones por las que responder a los requisitos ESG sigue siendo una tarea compleja para gran parte del tejido empresarial. En nuestra experiencia, los principales desafíos para avanzar hacia una gestión ESG madura son tres: claridad normativa, gestión del dato y formación especializada.
Interpretar bien la normativa: más luz que confusión
Términos como DNSH, etiqueta climática o taxonomía europea aparecen ya en las bases de muchas convocatorias de ayudas o instrumentos de inversión. Sin embargo, las guías oficiales pueden resultar ambiguas, con criterios que no siempre se adaptan a sectores específicos o al tamaño de las empresas.
Esa falta de claridad genera inseguridad. Equipos que trabajan con rigor acaban dudando de si la información que van a presentar será suficiente, y eso retrasa decisiones o desanima proyectos perfectamente viables.
En este contexto, resulta útil buscar interpretación sectorial y apoyarse en referentes comunes, evitando el exceso de tecnicismos. A veces, avanzar con evidencias sencillas, como mediciones de consumo energético, certificaciones básicas o planes de reducción de emisiones, ayuda más que esperar a tener todo el marco resuelto.
El reto, en el fondo, es de gobernanza: lograr que una regulación pensada para armonizar el mercado europeo no acabe penalizando la agilidad del tejido empresarial que intenta adaptarse.
El reto ya no es adaptarse, sino demostrar consistencia y calidad en la información, en un contexto que aún se está afinando.
Del papel al dato: cómo evitar que el reporting se convierta en una carga
Una de las quejas más habituales es el peso administrativo que conlleva el nuevo reporting. Los requisitos de información crecen y los plazos no siempre acompañan. Donde antes bastaba una memoria económica y técnica, hoy se piden datos sobre consumo energético, emisiones, residuos o trazabilidad de proveedores, respaldados por documentación verificable.
El desafío está en que muchas compañías no cuentan con sistemas internos preparados para recopilar y consolidar esa información. Los formatos cambian, las plantillas se actualizan y los departamentos no siempre hablan el mismo lenguaje. Finanzas, operaciones y Sostenibilidad siguen funcionando como silos.
El cambio normativo que llega con la CSRD, al exigir trazabilidad y comparabilidad, representa también una oportunidad para revisar esa fragmentación. Las empresas que consigan integrar el dato no financiero en sus sistemas de gestión podrán anticiparse a la verificación futura y evitar que la Sostenibilidad quede aislada del núcleo financiero.
La estrategia más realista es avanzar por fases: priorizar indicadores materiales, definir responsables internos del dato e invertir en sistemas sencillos de seguimiento que puedan evolucionar con el tiempo. Avanzar en ESG no es cuestión de producir más papeles, sino de construir información útil y fiable.
En este contexto ha aparecido también el greenhushing: la tendencia a comunicar menos por miedo a ser cuestionado o no cumplir al 100 %. Pero la transparencia, aunque imperfecta, sigue siendo la mejor garantía de credibilidad ante inversores, reguladores y la sociedad.
El conocimiento, el recurso más buscado
El tercer obstáculo tiene menos visibilidad, pero un impacto enorme: la falta de conocimiento técnico para traducir las exigencias regulatorias en acciones concretas.
Los equipos que gestionan proyectos o buscan financiación no siempre dominan los conceptos clave: cómo justificar que una inversión no causa daño significativo, cómo aplicar los criterios de la Taxonomía o qué significa exactamente verificar el cumplimiento ESG. En muchos casos, el proceso se convierte en una sucesión de consultas externas sin desarrollo interno del conocimiento.
No es una cuestión de falta de compromiso, sino de incertidumbre y recursos. Por eso, formar equipos multidisciplinares que integren finanzas, operaciones, Sostenibilidad y legal, es la mejor inversión para ganar autonomía y reducir dependencia de terceros. Cuando las personas comprenden el sentido del requisito, el cumplimiento deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad de mejora.
En última instancia, la transición hacia una economía sostenible no se juega en las instituciones europeas, sino en la capacidad de cada organización para comprender el sentido económico de estas exigencias: convertir el cumplimiento normativo en parte de su estrategia de competitividad.
Superados estos retos, queda claro que el cumplimiento normativo puede ser también una palanca de transformación.
Del reto a la oportunidad
La ESG ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una licencia operativa. Adaptarse a las nuevas exigencias no solo abre puertas a financiación sostenible, sino que refuerza la confianza de inversores, clientes y empleados.
La dificultad no está en la intención, sino en la ejecución: interpretar bien la normativa, organizar el dato y preparar a los equipos. Cada paso hacia una mayor trazabilidad y rigor en la información refuerza la credibilidad de la empresa.
Europa ha elegido un camino exigente, pero coherente: alinear el crecimiento con la Sostenibilidad real.
La ESG ya no necesita justificación: necesita liderazgo. Comprender sus implicaciones exige conocer toda la compañía y asumir la responsabilidad de guiar su transformación con eficacia y credibilidad. Solo así podremos pasar del cumplimiento a la oportunidad, y del informe a la transformación real.
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