Siendo tan clara la necesidad de aumentar el ritmo de la rehabilitación de nuestro patrimonio edificado y siendo, a su vez, tan patentes las ventajas que esto supondría, ¿por qué no rehabilitamos más?
Conscientes de que no podemos perder ya más el tiempo, y que es imperioso el acelerar el ritmo de la rehabilitación, el contestar a esta pregunta para aplicar las soluciones pertinentes debería ser una de nuestras prioridades y creo que la respuesta se podría resumir en que, realmente, no somos conscientes de lo vulnerable que es todo el ámbito de la rehabilitación, tal y como lo tenemos estructurado, y de lo frágil que es el ecosistema en el que se desarrolla, ecosistema en el que “pequeñas perturbaciones pueden causar grandes desequilibrios”.
Partimos del hecho de que la casi totalidad de la rehabilitación que se está llevando a cabo, sobre todo en el sector residencial, se basa en procedimientos complejos centrados en las subvenciones públicas y éstas son demasiado inestables, sin continuidad, con procedimientos burocráticos excesivos, muy lentas y opacas, y así es imposible estructurar un sector fuerte.
Estas subvenciones se calculan, en la mayoría de los casos, apoyándose en herramientas con resultados poco fiables, dado que su uso se ha banalizado en exceso, como es la propia certificación energética de los edificios existentes, ya que se está permitiendo su implementación a profesionales sin el conocimiento técnico suficiente.
A su vez, su tramitación necesita, obligatoriamente, un constante acompañamiento, y sus resultados, muchas veces, no discriminan los casos de actuación más necesarios, no llegando realmente a las personas más vulnerables y que más lo necesitan, pudiendo incluso ocasionar el efecto perverso de favorecer la especulación.
A esto se añade que, en el sector residencial colectivo, el que realmente nos va a mejorar el multiplicador de esta urgente aceleración, es necesario el consenso entre los diferentes agentes participantes, como son las propias comunidades de vecinos, consenso costoso en un mundo polarizado y negacionista como el que nos encontramos, que alienta el desconocimiento y la desinformación de las ventajas que, a todos los niveles, genera la rehabilitación, debilitando la conciencia social sobre la gran importancia que tiene.
Una importancia que supera el incuestionable progreso en sostenibilidad, eficiencia y ahorro energético y va desde la mejora de la accesibilidad, la habitabilidad y el confort, la garantía de salubridad y la reducción de las desigualdades hasta la regeneración urbana de la ciudad construida, muchas veces en sus ámbitos más desfavorecidos y abandonados.
Todo ello, a pesar del gran número de iniciativas que se han implementado en los últimos años pudiendo citar, centrándonos sólo en el ámbito de los arquitectos y arquitectas, la labor del Observatorio 2030 del CSCAE, que ha puesto en marcha un Task Force sobre vivienda, así como el Foro Internacional “Affordable Housing Activation”; que organizaron previamente, la generación y ediciones de la Guía ciudadana de impulso a la rehabilitación y del documento RehabilitAcción ciudadana. Propuestas a las Administraciones Públicas, desarrollado en colaboración con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, o la puesta en marcha de la RedOAR, de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación en las diferentes Delegaciones de los Colegios de Arquitectos, muchas de ellas sin contar con el apoyo y reconocimiento de las propias Administraciones Públicas; la labor del Observatorio Ciudad 3R, o las diferentes iniciativas que desde nuestra asociación ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura) llevamos a cabo, como es la organización del concurso ASAcción para jóvenes arquitectos y arquitectas y estudiantes de arquitectura que, en sus últimas convocatorias, “Rehabitando barrios, rehabitando ciudades”, se ha centrado en la rehabilitación de diferentes tipologías edificatorias, como en su última convocatoria bajo el lema “Urban Action X Future”, de “Proyectos residenciales a barrios sostenibles”.
Con la paradoja, también, de tener la certeza de la existencia de herramientas que sí han demostrado su efectividad, como la elaboración del LEE (Libro del Edificio Existente) y que, sorprendentemente, tampoco cuenta con el apoyo y la continuidad en su implementación de muchas de nuestras Administraciones Públicas.
Y si no somos capaces de tomar conciencia del problema y de poner en marcha, inmediatamente, los adecuados mecanismos de activación a todos los niveles, siempre con enfoques transversales y colaborativos, es triste que, una vez más, lo dejemos pasar hasta que nos obliguen, como no quedará más remedio, tal y como ya se puede vislumbrar en las últimas directivas europeas aprobadas, por mucho que se diluya su implementación, confiando en que, para entonces, ya no sea demasiado tarde…
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