Hablamos con Laura Visier, directora de Rehabilitación de UCI, sobre los principales hallazgos del III Observatorio UCI, que ofrece una radiografía actualizada de la relación de los españoles con la vivienda y la sostenibilidad. En esta entrevista, Visier analiza la brecha entre la percepción ciudadana y la realidad del parque residencial, el desconocimiento sobre herramientas como las hipotecas verdes y la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios, así como los retos y oportunidades para avanzar hacia un modelo de vivienda más eficiente, accesible y alineado con los objetivos climáticos de 2050.
El III Observatorio UCI presentado ofrece una radiografía actualizada sobre la relación de los españoles con la vivienda y la Sostenibilidad. Desde su punto de vista, ¿qué hallazgos o conclusiones principales considera que ayudan mejor a entender la realidad del parque residencial en España?
El informe confirma una desconexión evidente entre la percepción ciudadana y la realidad del parque residencial. Mientras un 41% de los españoles considera su vivienda muy eficiente, más del 80% del parque edificado se encuentra en las peores calificaciones energéticas (E, F o G). Esta brecha evidencia una falta de conocimiento y la necesidad de campañas informativas eficaces.
Otro hallazgo clave es el desconocimiento generalizado de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD), ya que sólo un 19,5% sabe de qué se trata a pesar de que implicará reformas profundas en nuestras viviendas. También se confirma que la financiación sostenible y herramientas como las hipotecas verdes siguen siendo grandes desconocidas con apenas un 17% de ciudadanos conocedores de las mismas.
No obstante, hay señales de cambio y es que el 76,5% de los ciudadanos estaría dispuesto a pagar más por una vivienda sostenible y un 88% se muestra predispuesto a realizar reformas para mejorar la eficiencia de sus hogares.
Así, cada vez más personas declaran interesarse por el confort, el ahorro energético y el impacto ambiental de sus hogares. ¿Se percibe ya un cambio de mentalidad real en el mercado inmobiliario o todavía prima más el factor económico?
Se empieza a notar un cambio de mentalidad, especialmente en lo que respecta al confort y al ahorro energético. Un 60% de los compradores ya considera la sostenibilidad como un factor relevante y casi un 19% la exige como criterio indispensable.
Sin embargo, la realidad es que el factor económico sigue marcando el ritmo y sólo la mitad de los ciudadanos estaría dispuesto a acometer reformas, aunque la disposición aumenta notablemente entre quienes cuentan con rentas superiores a 30.000 euros. Por tanto, aunque la sensibilidad medioambiental crece, aún no es el motor principal de las decisiones inmobiliarias.
La sostenibilidad no ha desplazado al precio, pero se ha convertido en una variable que influye y que probablemente será cada vez más determinante.
El informe refleja también diferencias por regiones, edades y niveles de renta. ¿Hasta qué punto cree que las políticas públicas y los mecanismos de apoyo deben adaptarse a esa diversidad de perfiles?
La diversidad sociodemográfica que refleja el Observatorio es una llamada de atención clara para las administraciones. No todos los ciudadanos parten del mismo punto en términos de conocimiento, renta o motivación. Hay diferencias significativas por edad, género, renta y territorio que deben reflejarse en las políticas públicas.
Por ello, es vital personalizar los mensajes y adaptar los canales para que lleguen también a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, hogares con rentas bajas o zonas con bajo grado de concienciación energética.
La transición energética sólo será efectiva si es accesible para todos y sólo así habrá un aumento real de la demanda que es uno de los principales frenos que encuentra ahora el mercado.
La financiación sostenible sigue siendo desconocida para buena parte de la población, aunque crece el interés por ella. ¿Qué puede hacer una entidad como UCI para acercar más estas soluciones a los ciudadanos y hacerlas comprensibles?
El papel de UCI es clave como agente facilitador. Primero, debe traducir la complejidad de los productos financieros sostenibles a un lenguaje claro y comprensible. Las hipotecas verdes o las fórmulas de compra y reforma pueden ser muy útiles, pero necesitan pedagogía y acompañamiento. Igual que pasa con la rehabilitación de edificios, que en mi opinión, es una de las fórmulas más efectivas para tener un impacto mayor en la eficiencia energética y sus beneficios a través de la fuerza colectiva de las comunidades de propietarios.
Además, UCI puede desempeñar un rol activo en alianzas con administraciones y otros actores del sector para desarrollar campañas informativas, asesoramiento personalizado y herramientas digitales que orienten al ciudadano. Por último, también es fundamental impulsar modelos de financiación flexibles, que tengan en cuenta los tiempos y capacidades de inversión del cliente.
Para terminar, y desde su experiencia, ¿qué pasos concretos deberían priorizarse en España para acelerar el proceso de transformación que permita alcanzar los objetivos climáticos marcados a 2050?
Para avanzar hacia un parque residencial más eficiente y alineado con los objetivos climáticos marcados para 2050, es imprescindible actuar en varios frentes de forma simultánea.
En primer lugar, resulta esencial reforzar la información y la concienciación ciudadana. La brecha entre percepción y realidad en torno a la eficiencia energética demuestra que aún falta una labor pedagógica clara sobre los beneficios, obligaciones normativas y oportunidades asociadas a la rehabilitación.
Del mismo modo, facilitar el acceso a financiación sostenible es clave para movilizar la inversión privada. Las hipotecas verdes o los préstamos enfocados a reformas eficientes deben popularizarse mediante condiciones atractivas y asesoramiento cercano, especialmente entre aquellos colectivos que, por nivel de renta o edad, hoy se muestran más alejados de estas soluciones.
Junto a esto, las administraciones deben simplificar los trámites y acelerar la gestión de ayudas públicas, reduciendo las barreras burocráticas que dificultan la rehabilitación, especialmente en comunidades de vecinos. La flexibilidad debe ser un principio rector: no todas las viviendas, familias ni regiones parten del mismo punto, por lo que las políticas públicas deben adaptarse a esa diversidad y no caer en planteamientos uniformes.
Finalmente, es urgente poner el foco en la rehabilitación colectiva. La mayoría de los españoles vive en edificios y la intervención sobre cubiertas, aislamientos y sistemas energéticos compartidos tiene un impacto mucho mayor. La falta de consenso vecinal y el coste siguen siendo frenos relevantes, por lo que impulsar el diálogo comunitario, la percepción del patrimonio colectivo como parte del patrimonio personal y ofrecer soluciones financieras para las comunidades será determinante en el corto y medio plazo.
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