El paquete legislativo Ómnibus, adoptado por la Comisión Europea a finales de febrero de 2025 y recientemente aprobado por el Consejo Europeo, para simplificar la legislación de la UE en el ámbito de la sostenibilidad, afectará el alcance de la CSRD (Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad) y supone el aplazamiento de la entrada en vigor de la normativa sobre las empresas requeridas para presentar informes de sostenibilidad.
Con este cambio legislativo, el 99% de las empresas no estarán ahora obligadas a reportar sus prácticas de sostenibilidad: las PYMES quedan excluidas y solo estarán sujetas a la normativa las empresas con más de 1.000 empleados y 50 millones de euros de volumen de negocio o un balance de más de 25 millones de euros (el calendario de aplicación para estas empresas sujetas se aplaza hasta 2028).
Sin duda, es un cambio importante del escenario con el que hasta ahora estaban trabajando las empresas y los profesionales de la elaboración de informes y de la verificación. A pesar de esto, el mensaje que se ha querido transmitir en el III Congrés Catalá de Sostenibilitat, organizado por el Col·legi d’Economistes de Catalunya y el Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya, es que la simplificación normativa no debe suponer un paso atrás en la apuesta por la sostenibilidad de las empresas porque la sociedad no abandonará este principio.
Las entidades colegiales consideran que este aplazamiento es una oportunidad para que las empresas repiensen sus modelos de negocio y de cómo se incorpora la sostenibilidad en su plan estratégico corporativo y comunicativo más allá del mero cumplimiento normativo. Por otro lado, los expertos apuntan que hay que encontrar un punto intermedio entre la descarga administrativa (se estima que la simplificación del paquete Ómnibus reducirá las cargas para las empresas entre un 25-35%) y una regulación suficiente de las normas básicas en materia de sostenibilidad, especialmente para las PYMES.
En este sentido se ha manifestado Carlos Puig de Travy, Decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya: “La simplificación administrativa es fundamental para la competitividad de la economía y el bienestar de la ciudadanía, pero no se puede contraponer a la sostenibilidad porque es un eje fundamental para el progreso del país. Por este motivo, se debe trabajar para alinear ambas cuestiones. Exigimos a los políticos españoles que no permitan una regresión normativa con perjuicio de la sostenibilidad y que protejan todo el trabajo hecho hasta ahora en este ámbito por el sector empresarial”.
Por su parte, Joan Vall, Presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, ha recordado que la verificación de la información sobre sostenibilidad es un elemento clave que da confianza a la sociedad en relación con la verificación de la información no financiera: “El sector debe seguir preparándose para dar respuesta a la verificación de estos informes de sostenibilidad y debe seguir preparando a profesionales especializados que den respuesta a esta demanda de la sociedad”.
Los cambios normativos supondrán una adaptación de procesos y herramientas para cumplir con los nuevos requerimientos en unos plazos que habrá que revisar, dotar de los recursos y conocimientos necesarios para interpretar y aplicar correctamente las nuevas normativas y garantizar que la menor burocracia no se traduzca en una menor calidad de la información no financiera reportada. A pesar de esto, ahora, más que nunca, el valor social de los responsables en la verificación de los informes de sostenibilidad debe verse como un garante de transparencia de las empresas.
Los retos del nuevo escenario normativo
Durante el III Congrés Catalá de Sostenibilitat, que ha contado con la presencia de José Alberto Carbonell, Presidente del Port de Barcelona; y Àngels Fitó, Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Vicedecana del CEC, se han analizado los retos del estado actual de los requerimientos de información corporativa sobre sostenibilidad.
Àngels Fitó ha puesto el foco en el valor social del congreso y de la mirada sostenible de la economía como un hecho ineludible: “Este congreso confirma el acierto del diagnóstico. La sostenibilidad es fundamental para entender el mundo de hoy y para imaginar el mundo de mañana”.
Por su parte, José Alberto Carbonell ha querido destacar el proceso transformador en la descarbonización de la actividad del Puerto de Barcelona, un plan iniciado en 2022 y con el horizonte de 2030 que supone una inversión de 130 millones de euros. El objetivo es llegar a una reducción de 140.000 toneladas de CO2 (causante del efecto invernadero) y de 2.000 toneladas de NOx (gases contaminantes, óxidos de nitrógeno, perjudiciales para la salud), priorizando el impacto de los barcos durante su estancia en el puerto: “Somos el primer puerto del mundo que hemos certificado las emisiones de CO2 y el 64% provienen de los barcos, sobre todo cuando están atracados”. Carbonell también ha añadido que el aprovechamiento de las cubiertas de la zona portuaria para generar energía fotovoltaica y la producción de combustibles alternativos para dar respuesta a las empresas que lo requieran serán claves para el futuro sostenible del Puerto de Barcelona.
En el congreso se han expuesto casos de éxito de empresas catalanas ante los retos de los ESG y han compartido sus experiencias empresas y entidades como Barcelona Servicios Municipales (BSM), Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), Fundación Carulla o Banco Sabadell.
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