El entorno digital es usual y habitual en la vida de niñas, niños y adolescentes para muchas de sus tareas en el ámbito educativo, y también para llevar a cabo algunas actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre, con la cultura, y con la socialización.
En los últimos años, el uso de los dispositivos y plataformas digitales por parte de niñas, niños y adolescentes han ocupado muchos espacios de debate con preguntas sobre la edad a la que se puede tener un teléfono móvil o perfiles en redes sociales, sobre las horas recomendadas de uso de dispositivos digitales, o la edad a la que incorporar tabletas y ordenadores para estudiar y hacer trabajos.
Estas preguntas nunca tienen una respuesta tan fácil como un “sí” o un “no”, y dejan entrever algunas cuestiones bastante claras. En primer lugar, casi nunca se escucha la voz de niñas, niños y adolescentes en estos debates, y son ellas y ellos las que sufren o se encuentran con los problemas de primera mano. Es imprescindible escucharlos e incluirlos en la toma de las decisiones que les afectan. En los procesos participativos suelen señalar que quieren más controles en las cosas que ven, para no encontrarse con contenido que no han buscado y que les afecta negativamente. Además, piden formación e información, y sienten que no conocen bien un entorno en el que están muy presentes.
De hecho, se ha asumido que las niñas y niños que han nacido en este siglo son nativos digitales, cuando la realidad es que el conocimiento sobre cómo utilizar las plataformas y servicios digitales para reducir riesgos y potenciar oportunidades no es algo con lo que se nazca, sino una capacidad que se va adquiriendo con formación. Que las niñas y niños aprendan más rápido que los adultos no puede significar, ni implicar que nos desentendamos de su formación.
La situación en la que niñas, niños y adolescentes están en el entorno digital es desigual. La falta de recursos económicos potencia la brecha digital, haciendo imposible en algunos casos tener un ordenador y acceso a una buena red wifi en sus casas, lo que puede llegar a lastrar su educación. Y a su vez, esta falta de recursos, sumada a las precarias condiciones laborales de algunas madres y padres, hace que haya una brecha de ocio, que implica que algunas niñas, niños y adolescentes no puedan acceder a deportes y actividades culturales en su tiempo libre, y acaban teniendo como único recurso un teléfono móvil con acceso a Internet.
Además, hay problemas detectados en el entorno digital que no se han originado con la existencia de Internet, sino que replican o aumentan problemas que ya existen en el espacio físico. Por ejemplo, si hablamos de riesgos relacionados con la violencia sexual, las cifras son bastante alarmantes, y es cierto que el entorno digital facilita nuevos canales para cometer estos delitos, y que ha ayudado a aumentar el consumo de pornografía a edades tempranas, pero la violencia sexual no surge en Internet, y separar su análisis y recomendaciones del plano físico sería un error. Por tanto, hay que entender la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes como un problema de salud pública que va más allá del plano digital, y que necesita medidas de prevención, como la implementación de la educación afectivo-sexual adaptada a las edades.
Por otro lado, no se puede perder de vista la responsabilidad y obligación que tienen las empresas proveedoras de servicios y dispositivos digitales de garantizar la privacidad, seguridad y protección de las niñas, niños y adolescentes. Los entornos y dispositivos deben ser seguros, incorporando las herramientas necesarias para que niñas, niños y adolescentes no accedan a contenidos o espacios no seguros y para denunciar o comunicar los casos en los que se detecte una situación de riesgo o peligro.
La normativa llega tarde, el entorno digital no es algo nuevo y las medidas las necesitamos ya. En la Plataforma de Infancia, lo tenemos claro, es imprescindible poner en marcha acciones de prevención, implicar a todos los actores públicos y privados, y sobre todo, poner en el centro el interés superior del niño para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.
