El Ayuntamiento de Cartagena ha sido galardonado con el Premio Nacional de Calidad 2025, otorgado por la Red Española de Ciudades Saludables de la FEMP y el Ministerio de Sanidad, gracias a su proyecto “Espacio Algameca”. Esta intervención ha transformado una antigua vía dominada por el tráfico en un corredor verde y accesible de más de 2,5 km, que conecta barrios, zonas industriales y el casco histórico, fomentando una movilidad más saludable y sostenible. El proyecto forma parte de la estrategia municipal CartaGO! y ha reducido significativamente el uso del coche privado en los astilleros de Navantia, promoviendo desplazamientos activos. Espacio Algameca no solo ha eliminado barreras físicas y creado nuevos espacios públicos, sino que también ha incorporado elementos identitarios como siluetas metálicas de submarinos, en homenaje a la tradición industrial de la ciudad. Este reconocimiento se suma a otros premios obtenidos por Cartagena en materia de movilidad y accesibilidad, como el Premio Reina Letizia, el galardón de la UCAM y el Premio Ciudad Accesible Europea 2025. Además, la ciudad continúa impulsando iniciativas como carriles bici, estaciones de reparación, aparcamientos intermodales y marquesinas inteligentes, consolidando su liderazgo en movilidad sostenible y calidad urbana.
ACON Investments anuncia la venta de Amfora Packaging al Grupo Albéa
ACON Investments, firma de capital privado con sede en Washington, anunció la venta de su participación mayoritaria en Amfora Packaging S.A.S. al Grupo Albéa, líder mundial en envases sostenibles para cosméticos. Amfora, fundada por ACON en 2015 tras fusionar las empresas familiares Intecplast (Colombia) y Pieriplast (Perú), se ha consolidado como una innovadora plataforma de envases para productos de belleza, con presencia en América Latina, Norteamérica y Europa. Durante su gestión, ACON impulsó el crecimiento internacional de Amfora, posicionándola como un referente exportador en el sector. Esta operación marca una nueva etapa para la compañía, ahora bajo la dirección de Albéa, que busca expandir su presencia en los segmentos de maquillaje, cuidado de la piel, cuidado personal y fragancias. Con esta transacción —cuyos términos no fueron revelados— ACON refuerza su historial de inversiones exitosas en América Latina, que incluye 44 compañías en 10 países durante sus 29 años de trayectoria. La venta de Amfora sigue a la reciente salida de ACON de Vitalis S.A.C.I., otra empresa de su portafolio en Colombia.
Minenergía solicita veeduría a entes de control para garantizar justicia ambiental y transparencia en comunidades energéticas
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha solicitado formalmente el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía en la implementación de comunidades energéticas, con el fin de asegurar transparencia, legalidad y justicia ambiental en los proyectos de energías limpias destinados a zonas rurales y no interconectadas. Esta medida se enmarca en la convocatoria pública lanzada el 18 de julio, que invita a operadores de red y generadores públicos o mixtos con participación estatal a presentar iniciativas de generación y uso eficiente de energía con participación comunitaria. El ministerio también propuso la creación de una mesa de trabajo presencial para socializar los objetivos de la convocatoria y establecer una ruta de vigilancia preventiva. El ministro Edwin Palma subrayó que esta estrategia no solo busca cerrar brechas energéticas, sino también fortalecer la gobernanza local y la participación ciudadana en la transición energética, como parte de una visión de justicia ambiental. La solicitud se respalda en la Circular 001 de 2024 de la Procuraduría, que promueve decisiones públicas sostenibles, transparentes e inclusivas en el sector energético.
Radican proyecto de ley para obligar a empresas a respetar los derechos humanos en Colombia
Un grupo de 28 congresistas de distintas bancadas, con apoyo de organizaciones sociales como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), radicó un proyecto de ley que busca imponer obligaciones vinculantes a las empresas para prevenir y responder por violaciones a los derechos humanos. La iniciativa, presentada simbólicamente frente al Congreso con una grieta en la Plaza de Bolívar que representó los abusos empresariales, propone establecer criterios jurídicos que garanticen el acceso a la justicia de las comunidades afectadas, incluyendo la presunción de veracidad en sus testimonios. El representante Alirio Uribe (Pacto Histórico) explicó que la propuesta se alinea con la discusión internacional de un tratado vinculante en Ginebra y responde a un contexto nacional donde más de 600 empresas están investigadas por despojos de tierras y vínculos con grupos armados. Rosa María Mateus, del Cajar, destacó que el proyecto surge de un análisis histórico de violaciones empresariales, desde la masacre bananera de 1928 hasta explotaciones extractivas sin reparación. Además, el Gobierno alista un decreto para coordinar la acción del Ejecutivo y exigir a las empresas el respeto de los derechos humanos, laborales y ambientales en sus operaciones.
