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La no convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 7/2025 sobre medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico supone un retroceso en la protección de la ciudadanía ante los efectos más graves del cambio climático, como las olas de calor extremas, los incendios forestales y los cortes de suministro. Tras haber sido aprobado por el Consejo de Ministros, el texto no ha superado su último trámite parlamentario, perdiéndose así medidas clave para fortalecer la resiliencia energética del país.
Desde la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) han calificado la decisión como “un error”, al tratarse de un marco normativo que incorporaba propuestas impulsadas por años desde la sociedad civil para proteger a los hogares más vulnerables y facilitar una transición energética más justa. La organización recuerda que su aprobación no habría impedido avanzar en medidas complementarias para abordar las causas estructurales que originan apagones y emergencias energéticas.
Avances clave que decaen con la no aprobación
Entre los puntos más destacados del decreto figuraban medidas fiscales como la ampliación de bonificaciones municipales (IBI e ICIO) para tecnologías limpias como aerotermia y geotermia, así como la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar trabas legales a la instalación de renovables en edificios plurifamiliares.
También se incluían mejoras para impulsar el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, como la formalización de la figura del gestor del autoconsumo y la ampliación de la distancia máxima entre generación y consumo de 2 a 5 km, facilitando el aprovechamiento de cubiertas industriales en entornos urbanos. Asimismo, se preveía compatibilizar en un mismo punto autoconsumo individual y colectivo, abriendo nuevas oportunidades para optimizar la producción distribuida.
El texto apostaba de forma decidida por el almacenamiento energético, imprescindible para estabilizar un sistema 100% renovable, y por la flexibilidad del sistema eléctrico mediante la figura del agregador de demanda, capaz de coordinar a múltiples consumidores para equilibrar consumo y generación y reducir costes en momentos críticos.
Justicia climática y acceso equitativo a soluciones limpias
Otra de las claves del decreto era su enfoque de resiliencia energética, con la futura elaboración de un Plan Nacional de Resiliencia Energética, medidas de protección frente a cortes de suministro para hogares vulnerables y una mejor coordinación institucional para emergencias climáticas. Todo ello respondía a demandas de justicia climática y acceso equitativo a soluciones energéticas limpias en un contexto de crisis.
Además, el texto incluía mejoras normativas para agilizar la infraestructura de recarga eléctrica y optimizar la recopilación y tratamiento de datos para ofrecer información más completa sobre la red de puntos de recarga.
ECODES pide retomar el diálogo y buscar vías alternativas
Desde ECODES recuerdan que estas medidas habían sido fruto de un amplio trabajo técnico y social, y advierten que su caída supone un freno para la acción climática y el desarrollo social y económico justo. La fundación ha reiterado su compromiso para seguir impulsando fórmulas legislativas o ejecutivas alternativas que recuperen los avances contemplados en el texto y permitan proteger mejor a la ciudadanía y al sistema eléctrico frente a los desafíos climáticos.
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