El presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), Albert Campabadal, intervino ayer por la tarde en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados en el marco del análisis del Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Dependencia.
Campabadal valoró positivamente el espíritu de la reforma y la consideró un avance necesario, porque todo lo que sea dar derechos, estamos de acuerdo. Pero insistió en que además de legislar, hay que poner medidas para que los derechos se materialicen en servicios efectivos. Recordó que la calidad debe garantizarse en todo el territorio: La cobertura actual no es compatible con la desinstitucionalización. La calidad tiene que ser la máxima posible, nazcas donde nazcas e independientemente del lugar donde estés, reclamó.
Pluralidad, financiación y desinstitucionalización: tres claves urgentes
El presidente del CEDDD reclamó una participación institucional realmente plural en los órganos estatales vinculados a la discapacidad, especialmente en el Real Patronato sobre Discapacidad. Entrar para según quien, es muy difícil, por no decir imposible, aseveró. A este respecto, subrayó que el CEDDD reúne a más de 3.000 entidades de perfiles diversos y que esta representatividad debe reflejarse en la gobernanza pública.
En materia de financiación, Campabadal advirtió de que sigue siendo el gran punto débil del sistema. En 18 años de ley, la aportación estatal nunca ha alcanzado el 50% previsto, situándose hoy en torno al 27,6%. Además, nueve comunidades autónomas redujeron su aportación en 2023 pese al aumento de fondos estatales. El presidente de CEDDD recordó que sin financiación finalista y estable y sin garantías, no se pueden garantizar derechos reales.
En relación con la desinstitucionalización, Campabadal alertó de que el modelo planteado en el proyecto legislativo no es viable sin un refuerzo profundo de los servicios que permiten vivir en la comunidad. Señaló que la falta de horas de atención domiciliaria, la escasez de asistentes personales accesibles, la insuficiencia de centros de día y la ausencia de modelos intermedios hacen imposible avanzar en este ámbito.
Asimismo, insistió en que los discursos solo pueden sostenerse si se traducen en recursos, planificación y equidad territorial porque, en su opinión, no se puede pedir que las personas vivan en casa sin los apoyos necesarios.
Entre otros datos, Campabadal subrayó que persisten graves desigualdades y vulneraciones de derechos. Aún hay 296.431 personas en lista de espera y 40.447 fallecieron en 2023 sin ser valoradas o atendidas. El tiempo medio de tramitación es de 324 días, muy por encima del límite legal. El CEDDD propone establecer un máximo de 6 meses, sanciones por incumplimiento y un organismo estatal de supervisión para garantizar igualdad real entre territorios.
Necesidades urgentes trasladadas por el sector
Campabadal expuso también las prioridades detectadas por las entidades del CEDDD:
Refuerzo de la accesibilidad en baja visión, ceguera, accesibilidad cognitiva y uso de datáfonos accesibles.
Regulación de la atención temprana por legislación nacional y eliminación de los topes de edad.
Implementación efectiva de los lavabos adaptados para personas ostomizadas.
Respeto a la opinión de las familias en educación especial.
Preocupación por la exclusión de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa empresarial de la Ley de Economía Social, con el riesgo para más de 500 centros y 60.000 empleos.
Cumplimiento efectivo de las cuotas de contratación de personas con discapacidad.
El presidente de CEDDD recordó además el papel esencial de las cuidadoras principales, que sostienen el sistema con una prestación media de solo 264 euros al mes, reclamando su reconocimiento laboral y social, así como medidas de apoyo específicas, protección social y un plan de emergencia para situaciones de ausencia u hospitalización.
Una reforma que no puede quedarse a medias
Campabadal reconoció avances en derechos, accesibilidad, protección jurídica, asistencia personal y digitalización. Sin embargo, pidió a los grupos parlamentarios reforzar tres pilares esenciales:
Financiación suficiente, finalista y equilibrada entre Estado y CCAA.
Plazos obligatorios y garantizados para evitar que las personas mueran esperando.
Reconocimiento real a las cuidadoras principales y a las familias que sostienen el sistema.
La ley me encanta, pero tiene mucho margen de mejora, concluyó.
La comparecencia completa está disponible en el canal de YouTube de CEDDD.
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