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SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, ha señalado esta mañana la necesidad de adaptación de los pliegos de contratación pública a los nuevos requisitos técnicos taxonómicos considerados por la Unión Europea. En este sentido, y a modo de ejemplo, para actividades de “Construcción, ampliación y explotación de captación, depuración o distribución de agua”, para la mitigación del cambio climático, los proyectos deben establecer un consumo medio neto de energía inferior a 0,5 kWh/m³ y un índice de fugas estructurales (ILI) igual o inferior a 1,5.
Igualmente, para las actividades de “Desalinización”, se señala que los contratos deberían limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a un máximo de 1.080 gCO₂e/m² de agua dulce producida y, en cumplimiento de los criterios de contaminación, además de minimizar la salmuera vertida, realizar mediciones en encuestas locales o llevar a cabo análisis de impacto del vertido.
Para las actividades relacionadas con infraestructuras ferroviarias y de transporte por carretera, más del 70% de los residuos no peligrosos generados en la construcción y demolición deben reutilizarse. Se requiere también un análisis de emisiones adicionales respecto a las infraestructuras convencionales, así como cumplir con estrictos estándares técnicos basados en auditorías energéticas o análisis de huella de carbono.
Además, SEOPAN ha destacado la resiliencia y beneficios sociales de las infraestructuras prioritarias que urgen en nuestro país. Por ejemplo:
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Determinadas infraestructuras planificadas del Ciclo Integral del Agua, con una inversión inicial de 23.152 M€, conllevarían unos beneficios socioeconómicos a 30 años de 137.334 M€.
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Las inversiones planificadas en el PNIEC, relacionadas con eficiencia energética en puertos, edificios residenciales, terciarios y grandes instalaciones, permitirían un ahorro total de 14.714 ktep (2021-2030).
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Las infraestructuras de transporte planificadas, con 85.084 M€ de inversión inicial, tendrían unos beneficios sociales de 150.486 M€ y una reducción de 2.533 Mt de CO₂ en 30 años.
Estas conclusiones han sido presentadas hoy en la jornada “Infraestructuras Resilientes: Taxonomía Europea” organizada por AENOR y SEOPAN, en la que se ha presentado la Guía Técnica sobre la Taxonomía Europea aplicada a infraestructuras sostenibles, con el fin de facilitar a las empresas públicas y privadas la comprensión de la metodología a seguir en el proceso de identificación y reporte de actividades económicas como actividades sostenibles, de acuerdo con el marco normativo sobre Taxonomía Verde establecido por la Unión Europea.
Asimismo, se han presentado acciones diseñadas desde el sector público para promover infraestructuras resilientes que permitan mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, así como contribuir a la economía circular, haciendo un uso sostenible y protegiendo los recursos hídricos y marinos, controlando la contaminación y protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas. Aspectos, todos ellos, a tener en cuenta para el acceso a determinadas líneas de financiación de infraestructuras, según confirma el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
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