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ODS8. La Comisión Europea establece normas para que las empresas respeten los DDHH y el medio ambiente en sus cadenas de valor

La iniciativa permitirá a los consumidores e inversionistas tener una mayor transparencia, mientras que a las empresas una mayor seguridad jurídica. 

23-02-2022

El pasado 23 de Febrero, la Comisión Europea aprobó la propuesta de la Directiva de Sostenibilidad y Due Diligence de fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable en todas las cadenas de valor, que dará a las empresas la misión de identificar y, de ser necesario, prevenir, finalizar o mitigar los impactos negativos de sus actividades en los derechos humanos, tales como el trabajo infantil y la explotación laboral, y en el cuidado del medio ambiente, tales como la pérdida de biodiversidad y contaminación.

Las normas nacionales y políticas corporativas que abarcan el due diligence ya eran implementadas por algunos países de la unión y empresas que tomaron sus medidas por iniciativa propia. Sin embargo, se necesita una mayor escala que es difícil de alcanzar por acción voluntaria. Por ello, la propuesta establece una debida diiligencia corporativa y sostenible para enfrentar los impactos negativos en los Derechos Humanos y el medio ambiente, cuyas nuevas reglas brindarán una mayor seguridad jurídica y condiciones equitativas a las empresas, mientras que para los consumidores e inversionistas les brindará una mayor transparencia. A su vez, estas nuevas reglas favorecerán a la transición verde y protegerán los DDHH en países aledaños.

Věra Jourová, Vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, afirmó que “Esta propuesta pretende abordar las preocupaciones de los consumidores que no quieren comprar productos elaborados con trabajo forzoso o que destruyen el medio ambiente , y también busca apoyar a las empresas proporcionando seguridad jurídica sobre sus obligaciones en el mercado único. Esta ley proyectará valores europeos en las cadenas de valor, y lo hará de manera justa y proporcionada”.

Por su parte Didier Reynders, comisionado de Justicia, definió esta diligencia como “un cambio de reglas en el juego en la forma cómo las compañías operan sus actividades de negocio mediante sus cadenas de valor globales. Con estas reglas, queremos defender los DDHH y permitir la transición verde. No podemos seguir con la vista gorda sobre lo que sucede en nuestras cadenas de valor. El impulso en el mercado se ha ido acumulando en apoyo de esta iniciativa, con los consumidores presionando por productos más sostenibles. Confío en que muchos líderes empresariales apoyarán esta causa”.

Las nuevas reglas se dividirán en dos grupos. En el primero estarán todas las sociedades de responsabilidad limitada de la UE que cuenten con más de 500 empleados y más de 150 millones de euros de facturación neta en todo el mundo, mientras que el segundo grupo estará conformado por otras sociedades de responsabilidad limitada que operan en sectores definidos de alto impacto, que no alcanzan los dos umbrales del Grupo 1, pero tienen más de 250 empleados y una facturación neta de 40 millones de euros en todo el mundo y más. Para estas empresas, las reglas comenzarán a aplicar 2 años más tarde que para el grupo 1. Además, las empresas del grupo 1 necesitarán tener un plan para asegurarse que su estrategia comercial sea compatible con el Acuerdo de París.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, éstas no están dentro de esta iniciativa de forma directa, ya que el propósito aplica únicamente a las operaciones de las grandes compañías, sus subsidiarias y sus cadenas de valor. Para cumplir con esta normativa de diligencia debida corporativa, las empresas deben integrar la el due diligence en sus políticas, identificar impactos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente; poner fin o minimizar los impactos reales; establecer y mantener un procedimiento de quejas; supervisar la eficacia de la política y las medidas de diligencia debida; y comunicar públicamente sobre la diligencia debida.

La propuesta se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para que, una vez adoptada, los Estados miembros dispongan de dos años para transponer la Directiva a la legislación nacional y comunicar los textos pertinentes a la Comisión.