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ODS11. El Gobierno destinará más de 400 millones de euros a promover la movilidad sostenible

A través del Plan MOVES III, el gobierno financiará con 400 millones de euros, ampliables a 800 en ayudas directas, la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables como turismos, furgonetas o motos, así como la adquisición e instalación de infraestructuras de recarga de acceso público y de uso privado

13-04-2021

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el Real Decreto que regula las bases de la tercera edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que financiará con ayudas directas la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y la instalación de infraestructuras de recarga.

El programa, presentado el pasado viernes por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y elaborado con la participación de las comunidades autónomas y el sector, está dotado con los fondos Next Generation y constituye la primera línea de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de movilidad sostenible.

El presupuesto de MOVES III, que se podrá seguir reforzando en futuros ejercicios, cuenta con una dotación mínima de 400 millones de euros ampliables, al menos, a 800.

Ayudas a la compra de vehículos

El Plan MOVES III, con continuidad hasta 2023, refuerza las convocatorias anteriores e incorpora el aprendizaje adquirido en las ediciones pasadas.

Esta nueva edición aumenta las ayudas directas para particulares y autónomos y financiará con hasta 9.000 euros la compra de furgonetas, con hasta 7.000 euros la adquisición de turismos y con hasta 1.300 euros la compra de motocicletas si el usuario achatarra un vehículo de más de 7 años de antigüedad con el objetivo de acelerar la renovación de la flota y la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes. En caso de que no se achatarre un vehículo antiguo, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros para los turismos.
 
Por su parte, las ayudas para empresas otorgarán una mayor cuantía a las pymes y también fomentarán el achatarramiento, llegando a repartir cuantías de hasta 4.000 euros por la compra de un turismo eléctrico y hasta 5.000 por la adquisición de una furgoneta.
 
El achatarramiento de vehículos antiguos no solo es importante para reducir emisiones y mejorar la seguridad vial, sino también porque permite reforzar cadenas de valor en sectores como el aluminio, el acero, el cobre, ciertos metales preciosos, los plásticos, las gomas o los cauchos, contribuyendo a la economía circular.

En este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto para fomentar una gestión más eficiente y segura de los residuos de los vehículos al final de su vida útil, que modifica el Reglamento General de Vehículos, es coherente con la Estrategia Española de Economía Circular “España Circular 2030” e incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la normativa comunitaria en esta materia, alineándose con los objetivos del Pacto Verde Europeo en lo que se refiere a las medidas de impulso a la economía circular.

Infraestructuras de recarga

MOVES III establece la obligación de que las infraestructuras de recarga de acceso público, apoyadas por el programa,  garanticen su operatividad durante -al menos- cinco años y de que permitan la recarga puntual a los usuarios de vehículos eléctricos sin necesidad de que medie contrato con el operador del punto de recarga.

La nueva línea también mejora las ayudas a la instalación de infraestructuras de recarga para particulares, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas, así como para puntos de carga rápida y ultrarrápida.
 
Por su parte, las empresas podrán cubrir el 35% del coste de infraestructuras de recarga de acceso público con potencia mayor o igual a 50 kilovatios (kW) y el 30% del coste de infraestructuras de uso privado o público con potencia inferior a 50 kW, estableciéndose los mismos límites. Ambas cuantías se verían incrementadas un 5% y un 10%, respectivamente, en caso de actuaciones ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.