Ley General de Discapacidad, pasar del cumplimiento de ley al compromiso real
Fundación Juan XIII Roncalli celebró ayer miércoles en su sede el II Encuentro de directores de Recursos Humanos, un foro en el que se analizaron las distintas posibilidades que ofrece la Ley General de Discapacidad (LGD) en materia de empleo, que obliga en la actualidad a cualquier entidad, pública o privada, que emplee a 50 o más trabajadores, a contar con una plantilla con al menos un 2% de empleados con discapacidad.
Durante la inauguración, el director general de Fundación Juan XXIII Roncalli, Javier Arroyo, hizo un repaso a la evolución de la integración laboral de personas con discapacidad durante los últimos 25 años, así como del impacto de la LISMI y de la reciente LGD. Recalcó la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para impulsar la contratación de las personas con discapacidad intelectual, ya que su entrada en el mercado laboral en mucho más compleja: “Es cierto que se ha avanzado mucho en el ámbito legislativo, pero aún es necesaria la puesta en marcha de otras medidas regulatorias e incentivadoras”. Arroyo subrayó que urge perfeccionar las leyes para que las empresas puedan recurrir de manera más sencilla a las medidas alternativas a la contratación directa, entre las que se encuentran la contratación de bienes y servicios, así como patrocinios y donaciones.
El viceconsejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, indicó la necesidad de avanzar hacia un modelo de trabajo sostenible e integrador que priorice la contratación de las personas con discapacidad al tratarse de uno de los colectivos más vulnerables. “No hay mayor integración que el empleo y por este motivo se ha convertido en un eje principal de todas las acciones que hemos puesto en marcha”.
“En materia de discapacidad, como en Responsabilidad Social, es necesario para del cumplimiento de la legalidad al compromiso real” afirmó García Martín, quien consideró que “entre todos tenemos que generar crecimiento sostenible e integrador porque todos somos corresponsables de que las personas con discapacidad tengan una oportunidad de empleo”.
El viceconsejero de Economía, Empleo y Hacienda subrayó que la Comunidad de Madrid destinará durante 2018 una partida de casi 51 millones de euros al fomento del empleo de las personas con discapacidad, una cifra que es un 30% superior a la de 2017. De ellos, casi 48 millones se destinarán al mantenimiento de los puestos de trabajo en Centros Espaciales de Empleo que en nuestra región emplean a cerca de 11.000 personas. “Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer y por eso queremos centrar nuestros esfuerzos en que se produzca un salto del empleo protegido al empleo ordinario, de ahí la necesidad de desarrollar una serie de medidas ‘atractivas’ que motiven a las empresas a contratar personas con discapacidad”, añadió.
Así, García Martín detalló algunas de las medidas que han puesto en marcha desde la Administración para animar a las compañías a que contraten personas con discapacidad, entre las que destacan las convocatorias de ayudas de carácter anual (enero-diciembre) para que sean las empresas las que decidan el momento oportuno para contratar, así como unos incentivos de hasta 7.800 euros para la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias.
El viceconsejero concluyó su intervención remarcando que se van a mantener las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo en aquellos casos que sea necesario y que desde la Administración sufragarán con más de 6.600 euros de a aquellas compañías que requieran de la figura del preparador laboral para que acompañe a estos trabajadores durante el periodo de adaptación.
Mesa de empresas
Bajo el nombre Inclusión, medidas alternativas y excepcionalidad, esta mesa de debate contó con la participación de la coordinadora de Selección y Formación de Taco Bell, Marta Sánchez, del responsable de Alianzas Estratégicas de Cepsa, Óscar García, y de la directora de Relaciones Laborales de Enagás, Susana Toril, quienes explicaron el modo en que sus compañías fomentan la inclusión de las personas con discapacidad.
La coordinadora de Selección y Formación de Taco Bell, Marta Sánchez, narró la experiencia de su empresa a través de la contratación directa de personas con discapacidad intelectual en sus establecimientos de cara al público. Así, Sánchez puso de manifiesto la importancia de contar con un servicio de provisión de apoyo a través de la figura de un preparador laboral que guíe al trabajador con discapacidad intelectual durante los primeros meses. “Es fundamental contar con este soporte, porque sólo de este modo podemos potenciar la autonomía de estos empleados”.
Por su lado, el responsable de Alianzas Estratégicas de Cepsa, Óscar García, explicó la trayectoria de su empresa al contratar los servicios del Centro Especial de Empleo de Fundación Juan XXIII Roncalli. Tras una relación comercial que comenzó en el año 2010, Cepsa decidió elegir a la entidad como mejor proveedor de servicios preferentes y firmó en el año 2015 alianza estratégica para reforzar los lazos comerciales con la misma.
