La educación: clave para lograr la justicia social y ambiental

Los 200 Estados allí reunidos firmaron un acuerdo sin efectos prácticos, pero que supone una declaración política frente a las amenazas del nuevo presidente Donald Trump de romper los compromisos de EEUU en la lucha contra el cambio climático. Los nuevos acontecimientos políticos a nivel internacional parecen haber forzado el compromiso para establecer en 2018 el calendario de trabajo (encaminado a mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los dos grados centígrados en relación a los niveles preindustriales e intentando limitarlo a 1.5 grados).

La realidad, fuera de las cumbres internacionales y de los discursos políticos ante las cámaras, no ofrece lugar a dudas: el cambio climático está causando ya graves consecuencias para la población, en especial a los grupos más vulnerables. Uno de los más afectados es la infancia: 530 millones de niños y niñas viven en zonas con alto riesgo de inundaciones y casi 160 millones viven en zonas de sequía severa. Los efectos adversos del cambio climático (inundaciones, sequías, olas de calor y otros fenómenos climáticos severos) contribuyen a la propagación de enfermedades como el paludismo y a la malnutrición o a la diarrea (primeras causas de mortalidad infantil).

Tal y como señala el informe La Tierra es nuestra mejor escuela (Entreculturas) los desastres naturales causados por el cambio climático influyen en la educación de los niños y niñas: afectan a los sistemas educativos destruyendo las escuelas interrumpiendo las clases y provocando resultados académicos más bajos. Como consecuencia del deterioro del ecosistema en el que viven, muchos niños se ven obligados a ocuparse de actividades de subsistencia e incluso a migrar junto a sus familias, convirtiéndose en “refugiados climáticos”. Los niños y niñas refugiados tienen cinco veces más probabilidades de quedarse sin escolarizar que los no refugiados. Según el ACNUR, tan solo el 50% de niños y niñas refugiados o desplazados internos está escolarizado en la escuela primaria y un 25%, en secundaria. Además, las niñas y las mujeres representan el 70% de la población migrante forzosa y tienen menos oportunidades educativas.

Por otro lado, la falta de energía eléctrica (sin la que viven 1.100 millones de personas) o la falta de acceso a agua potable (que afecta a 663 millones de personas) están  relacionadas con el medioambiente, e impiden, a su vez la asistencia a la escuela o el aprendizaje. Por ejemplo, la falta de acceso al agua potable y el saneamiento causan enfermedades y dificultan el rendimiento escolar (en regiones como África subsahariana y Asia Meridional se dan las tasas más reducidas de matriculación y también el mayor número de niñas sin escolarizar).

Sin embargo, la educación, que tan amenazada se ve por el cambio climático, es precisamente la clave para lograr la justicia social y ambiental a nivel global: capacita a las personas y a las comunidades para una mejor gestión de los recursos de la Tierra y para establecer una relación más respetuosa con la naturaleza y los seres vivos; ayuda a construir nuevos modelos de producción y consumo, mejora la resiliencia ante los desastres naturales y el cambio climático y contribuye a articular una ciudadanía global que ponga en marcha los cambios necesarios para un futuro de justicia y sostenibilidad.

Tratando de promover el derecho a una educación de calidad para todas las personas, desde Entreculturas estamos impulsando proyectos que hacen frente a las diferentes consecuencias del cambio climático y la crisis medioambiental: en El Salvador, el proyecto de “guardianes de la tierra” forma a jóvenes en la promoción de valores y protección y liderazgo ambiental (capacitando en el cultivo de alimentos, manejo de desechos y en turismo medioambiental); en el campo de refugiados de Dollo Ado, en Etiopía (el segundo mayor campo de refugiados del mundo) se da atención y formación a niños y jóvenes refugiados medioambientales de Somalia (asolada por las sequías); y en la Panamazonía se promueve la “Escuela de Derechos Humanos” a través de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica) para fomentar una masa crítica de  hombres y mujeres de la región y acompañar procesos de promoción, exigencia y defensa de derechos en la Panamazonía a nivel internacional y nacional.

Hasta 2018 no se fijarán los mecanismos de control y contabilidad de las emisiones mundiales de CO2; sin embargo, no hay tiempo que perder y es urgente atender a las consecuencias que ya se aprecian en el día a día de millones de personas a las que  afecta de forma directa el cambio climático y asegurar una educación de calidad a todos los niños y niñas. Solo así podremos asegurar la justicia climática, haciendo frente a las desigualdades sociales provocadas por el cambio climático (que no afecta a todas las personas y sociedades por igual).