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17 octubre 2017, 13:46
Actualidad

Los gobiernos europeos decidirán si verifican la información no financiera de las empresas

18 Noviembre 2014

Corresponsables (@Corresponsables)

Bruselas ha dejado en manos de los gobiernos europeos la decisión de exigir la verificación de la información no financiera de las empresas incluidas en las memorias de sostenibilidad. Así lo recoge la nueva directiva sobre informes no financieros de la Unión Europea.

 

 

La norma entrará en vigor en un plazo máximo de dos meses. Sin embargo, los Estados miembros tendrán hasta el 6 de diciembre de 2016 para ponerla en vigor y aplicarán la norma a todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, en lo que respecta al ejercicio que comienza el 1 de enero de 2017 o durante el año civil de 2017.

 

De esta forma, a la espera de la decisión que adopten cada uno de los países, los auditores legales tan solo deberán comprobar que se haya facilitado el estado no financiero o el informe de sostenibilidad por separado.

Aún así, la nueva normativa destaca que la coordinación de las disposiciones nacionales es importante para los intereses de las empresas, los accionistas y las demás partes interesadas. Por ello, debido a que la mayoría de empresas está presente en varios países, la coordinación es imprescindible. 

 

Para la Unión Europea, la divulgación de información no financiera es esencial para caminar hacia economía mundial sostenible en la que rentabilidad a largo plazo y justicia social y protección del medio ambiente vayan de la mano. 

También quedará en manos de los Estados miembros asegurarse de que existen medios adecuados y eficaces para garantizar la divulgación de información no financiera por parte de las empresas. Así, los gobiernos deberán garantizar unos procedimientos nacionales eficaces para que las compañías cumplan las obligaciones recogidas en la directiva. 

 

La directiva solo se aplicará a las grandes empresas, con una media de más de 500 empleados, que sean entidades de interés público y a las entidades de interés público que sean empresas matrices de un gran grupo.

Para analizar y dejar constancia de la aplicación de la directiva, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. Entre otros aspecto, el informe recogerá información sobre el ámbito de aplicación de la norma, su eficacia, el nivel de orientación y los métodos facilitados. Su publicación está prevista para, a más tardar, 6 de diciembre de 2018. Además, irá acompañado, si procede, de propuestas legislativas.

 
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