A través de su director Enrique Galván, FEAPS ha presentado esta mañana ante el Defensor del Pueblo un documento en el que solicita su amparo e intervención ante lo que considera una “alarmante situación” de parte de sus plantillas profesionales en diferentes comunidades autónomas. Estas plantillas están sufriendo recortes y retrasos en el cobro de las nóminas, algo que por el momento está afectando ya a un mínimo de 3.500 trabajadores y trabajadoras.
La actual situación económica “está haciendo mella en la acción social de nuestro país, y las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y las familias representadas por nuestra organización, no son una
excepción”, afirma Cid en el documento. “La mayoría de las 884 entidades miembro FEAPS se han visto afectadas por los importantes recortes económicos realizados por las administraciones públicas. A ello se suma además, que las Administraciones Autonómicas en muchos casos tampoco pagan el dinero que adeudan a las asociaciones, lo cual agrava más aún la situación y las entidades deben recurrir a líneas de crédito que posteriormente deben satisfacer pagando un elevado interés”.
Según Juan Cid, hasta ahora estas entidades de FEAPS “han puesto gran empeño en que la grave situación no
repercuta en los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias”; y lo han
hecho incluso “incrementando el esfuerzo personal que sus plantillas profesionales, sus dirigentes y las personas
voluntarias que colaboran con las mismas realizan día a día”.
Sin embargo, y pese a este esfuerzo, en estos momentos, FEAPS calcula que existe un mínimo de 3.500 profesionales con problemas que están sufriendo recortes y retrasos en el cobro de sus nóminas, que en algunos casos alcanzan varios meses. Juan Cid asegura, además, que si no se interviene pronto está situación se agravará.
El presidente de FEAPS invoca en su escrito al artículo 49 del título I de la Constitución Española, aquel que afirma que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
FEAPS considera que sin la labor de sus profesionales resulta imposible “garantizar los apoyos y servicios que
necesitan las personas con discapacidad intelectual y sus familias, sin los cuales se ve gravemente vulnerado su
derecho a participar en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto, y con ello, retrocedemos en todo lo
conseguido hasta ahora para lograr la plena igualdad de todos los ciudadanos”. De acuerdo al mandado del citado
artículo 49, “las organizaciones como FEAPS cumplimos una función social que nos ha trasladado el propio Estado y
que supone una obligación para el mismo”.
La futura Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su presentación de ayer ante el Parlamento como candidata a
este cargo, destacó que las actuales circunstancias económicas ”harán que la protección social y económica, debida y recogida en la Constitución española, sean objeto de una muy especial atención y seguimiento" de esta institución.
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