Estas reformas vienen exigidas por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, y plenamente vigente en nuestro país, que obliga a los estados  a adecuar su legislación interna a los principios, valores y mandatos de las Naciones Unidas en lo relativo a la igualdad ante la Ley y el acceso a la Justicia.

En concreto, el gobierno ha de modificar importantes disposiciones legales como el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil para suprimir procedimientos como el de la incapacitación judicial, incompatibles con el artículo 12 de la Convención, que establece el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad plena ante la Ley, sin que sean admisibles limitaciones o restricciones por causa de discapacidad.

Otra de las normas legales objeto de reforma ha de ser el Código Penal, con objeto de derogar la posibilidad actual de que un juez pueda decidir la esterilización forzosa de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, ya que esta previsión legal viola derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y así ha sido declarado por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que ha instado a España a acabar con esta práctica.

Según el Cermi, también la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado ha de ser reformada, pues el texto legal vigente contiene causas de exclusión por razón de discapacidad que son discriminatorias para las personas con discapacidad.