El encuentro, que contó con la presencia de abogados, fiscales y expertos en urbanismo, sirvió para dejar constancia de la existencia de "una gran impunidad" en muchas zonas de España respecto a las construcciones que no tienen los permisos necesarios. Estas prácticas ilegales tienen lugar principalmente en las zonas metropolitanas y del litoral, según los expertos.

En este sentido, la gran parte de estas actividades ilícitas se producen por este escaso control de las Administraciones y por la "fuerte presión" que ejercen algunos poderes económicos locales, llegando incluso a la aparición de mafias con gran poder económico que crean dinámicas sociales y políticas "muy difíciles de controlar", según indica la ONG.

De esta forma, durante el encuentro los asistentes coincidieron en la necesidad de una reforma de la legislación del suelo, de la vivienda, de la fiscalidad y de haciendas locales que ayude a la protección urbanística de las zonas forestales, así como que fomente la rehabilitación y el alquiler de viviendas desocupadas y que de un nuevo enfoque a la financiación de los Ayuntamientos para que no dependa en tanta medida de los ingresos derivados de las licencias urbanísticas.

Otra de las conclusiones obtenidas en el encuentro fue la importancia de reforzar los mecanismos de vigilancia, control y análisis de las posibles ilegalidades urbanísticas, tanto a nivel administrativo como judicial.

Estas medidas se llevarán a cabo, en su opinión, mediante el refuerzo de las Secciones de Medio Ambiente y Urbanismo de las Fiscalías respecto a las presiones de los poderes públicos y económicos, además del incremento de las medidas de supervisión y reacción del SEPRONA y la Policía local para atender de manera "más efectiva" estas infracciones.

La consideración específica de la Policía Judicial de los Agentes Forestales para que no puedan ser cuestionadas en sus actuaciones de persecución de delitos urbanísticos, fue otra de las medidas propuestas en el marco de las Jornadas.

Asimismo, los asistentes al encuentro propusieron la mejora y el incremento de los instrumentos legales para poder ejecutar de manera efectiva las resoluciones administrativas y judiciales de demolición o paralización de edificaciones ilegales.

Por último, los expertos señalaron la falta de un desarrollo adecuado de la jurisprudencia acerca de los delitos contra la ordenación del territorio, como por ejemplo la no inclusión del 'autoconstructor' como posible sujeto del delito.