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17 octubre 2017, 13:38
Actualidad

Política de protección a deudores hipotecarios de ABANCA

10 Octubre 2017

Tatiana Suárez, directora de RSC de ABANCA

En ABANCA trabajamos para proteger, por iniciativa propia, a todos nuestros deudores hipotecarios, uno de nuestros grupos de interés más sensibles por el potencial impacto en un asunto de vital importancia como es la vivienda habitual. Prueba de ello son los más de 16.000 contratos de personas físicas con garantía hipotecaria plena reestructurados o refinanciados en 2016, por importe de casi 1.600 millones de euros, evitando posibles ejecuciones hipotecarias y desahucios.

La política de protección a deudores hipotecarios de ABANCA se vertebra entorno a tres ejes de actuación principales: el Código de Buenas Prácticas; el Fondo Social de Viviendas; y el Comité de Situaciones de Especial Vulnerabilidad.

  • En 2012 ABANCA se adhirió voluntariamente al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas y a su posterior ampliación, a favor del deudor, de los supuestos en los que éste puede acogerse a las condiciones establecidas en el.

Adicionalmente se han flexibilizado los criterios establecidos en el Código de Buenas Prácticas para que, aunque no se cumplan estrictamente, podamos aplicar al deudor las medidas de reestructuración de deuda recogidas en el Código. Y, también como iniciativa propia, hemos ampliado el número de supuestos considerados como de especial vulnerabilidad.

Como viene sucediendo desde 2013, ABANCA ha trabajado en el marco de los diversos sistemas de intermediación en materia hipotecaria que se han establecido con la Xunta de Galicia (Reconduce), la Generalitat de Catalunya (Ofideute), el Ayuntamiento de Madrid o la Junta de Castilla y León entre otros, para agilizar la resolución de aquellos casos más sensibles.

  • En Enero de 2016, ABANCA suscribió la renovación del convenio del Fondo Social de Viviendas impulsado por el Gobierno de España, con la vocación de dar continuidad en el tiempo a la aportación de 200 viviendas al parque estatal de viviendas destinadas a acoger, en régimen de alquiler social, a personas en situación de vulnerabilidad social. El FSV se encuentra actualmente por encima del 45% de ocupación.

Asimismo, el banco mantiene su aportación de 100 inmuebles al Instituto Galego de Vivenda e Solo de la Xunta de Galicia para facilitar la permanencia en la vivienda de personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. La aportación de inmuebles al FSV y al IGVS es un elemento clave de la política de protección a deudores hipotecarios de ABANCA.

ABANCA ha constituido en 2016 la unidad ‘Gestión Singular de la Vivienda’ como canal único de interlocución, negociación y gestión con Administraciones Públicas, plataformas de afectados por las hipotecas (PAHs) y otras asociaciones. De esta forma se centraliza la comunicación y se garantiza una gestión transversal de todas las propuestas de actuación en respuesta a posibles nuevas regulaciones, o necesidades, de protección a deudores hipotecarios, velando por la correcta resolución de las situaciones de especial vulnerabilidad social. Desde esta nueva unidad, todas las propuestas se derivan a planteamientos pacíficos y a alquileres sociales, nunca se realizan lanzamientos cuando el proceso de ejecución hipotecaria afecta a la vivienda habitual de aquellas personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

  • Desde 2015, ABANCA cuenta con un “Comité de Situaciones de Especial Vulnerabilidad” (CSEV) que tiene competencias para la evaluación y sanción de planteamientos en los que los deudores seal calificados como en situación de especial vulnerabilidad, que incorpora la valoración de diferentes ópticas de la entidad.

En CSEV se han tratado más de 100 casos considerados de especial vulnerabilidad, asumiendo un importe total de más de 2 millones de euros en quitas y concediendo un total de 58 nuevos alquileres sociales (excluidas las 100 viviendas cedidas en el acuerdo con el IGVS), lo que supone un total acumulado de 141 alquileres sociales con un diferencial de más de 490.000 € anuales en rentas de alquiler respecto a los precios de mercado.

 

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