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17 octubre 2017, 13:53
Actualidad

El CBP ha permitido a 45.697 familias reestructurar la deuda hipotecaria o la dación en pago

Cerca de 79.000 deudores en riesgo de exclusión se han beneficiado de las medidas antidesahucios del Gobierno
10 Octubre 2017

El Código de Buenas Prácticas (CBP)  ha permitido que un total de 45.697 familias hayan podido beneficiarse de una reestructuración de su deuda hipotecaria. En los más de cinco años de vigencia del CBP se han realizado 38.595 reestructuraciones de deuda pendiente, 7.095 daciones en pago y 7 quitas.

En el conjunto de 2016, se han llevado a cabo 14.730 operaciones a través del CBP, un 2% más que el año anterior, según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del CBP. De esta cifra, 13.669 operaciones corresponden a reestructuraciones de deuda y 1.060 a daciones en pago.

El CBP, junto con el Fondo Social de Viviendas (FSV) y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Ejecutivo para hacer frente al problema de los desahucios. En total, 78.798 familias se han beneficiado de estas medidas destinadas a colectivos en riesgo de exclusión: 45.697 al CBP, el FSV ha permitido la asignación 9.062 viviendas (cierre 2016) y se han suspendido 24.039 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria (febrero 2017).

Según la información remitida al Congreso, se observa una reducción de las solicitudes de reestructuración de deuda a través del CBP en correlación con el impulso de la economía española. En total, en el segundo semestre de 2016 se han recibido 9.239 solicitudes frente a las 17.306 del primer semestre. De estas, se han realizado 5.223 operaciones, de las que 4.806 han sido reestructuraciones de deuda y en 417 casos, dación en pago.

Las Comunidades Autónomas que mayor número de solicitudes registraron en el último semestre del año fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los deudores de estas regiones son los que más uso han hecho del CBP desde 2015. 

El CBP se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España, hasta 93 en la actualidad. El Gobierno impulsó este Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades firmantes. El objetivo es dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos.

 
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